La iniciativa busca modernizar la regulación ambiental y podría impactar proyectos de energía, industria e infraestructura.
México se prepara para modificar las reglas ambientales bajo las cuales se desarrollan proyectos de inversión, infraestructura e industria, con una iniciativa que busca renovar el marco jurídico que durante casi cuatro décadas ha sido una pieza central de la política ambiental del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 26 de agosto la iniciativa de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, con la que el Gobierno busca actualizar y fortalecer las capacidades del Estado para proteger, conservar y restaurar los recursos naturales.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que el nuevo ordenamiento pretende responder a desafíos que no tenían la misma dimensión cuando nació la legislación de 1988: cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación y presión creciente sobre los recursos naturales.
Para las empresas, la regulación ambiental forma parte del camino crítico para desarrollar nuevos proyectos energéticos, industriales y de infraestructura.
Evaluación ambiental puede entrar en una nueva etapa
Semarnat ya había adelantado durante agosto que uno de los instrumentos que requiere actualización es la evaluación de impacto ambiental.
Este mecanismo es fundamental para proyectos que, por sus características, requieren autorización federal antes de desarrollarse.
En el sector energético puede involucrar desde determinada infraestructura eléctrica y proyectos de generación hasta instalaciones relacionadas con hidrocarburos, dependiendo de las competencias y características de cada proyecto.
Para la industria, el alcance se extiende a actividades sujetas a regulación federal y proyectos que pueden generar impactos sobre ecosistemas, agua, suelo o recursos naturales.
El Gobierno plantea que la nueva legislación fortalezca la prevención, en lugar de concentrar la actuación pública únicamente en reparar daños una vez ocurridos.
Semarnat ha expresado esta idea de manera directa: autoridades y empresas deben anticipar posibles afectaciones utilizando el conocimiento y la tecnología disponibles.
Más participación alrededor de los proyectos
Bárcena señaló que la propuesta incorpora principios del Acuerdo de Escazú, particularmente acceso a información, participación pública y justicia ambiental.
La secretaria explicó que los proyectos evaluados por Semarnat son publicados en la Gaceta Ecológica y que existen mecanismos para solicitar consultas públicas.
Para los desarrolladores de infraestructura, este componente será relevante porque las decisiones sobre proyectos no dependerán únicamente de criterios técnicos y administrativos: la participación social tendrá un peso explícito dentro de la nueva arquitectura ambiental que propone el Ejecutivo.
Al mismo tiempo, el Gobierno asegura que la legislación pretende brindar certeza jurídica tanto a comunidades como a inversiones.
Industria enfrentará el reto de prevenir antes que reparar
La iniciativa se construye alrededor de diez principios, entre ellos destaca uno con implicaciones directas para las actividades productivas: “prevenir antes que reparar”.
También aparecen la restauración de ecosistemas, decisiones sustentadas en conocimiento científico, gestión territorial con participación social y la transición de una economía basada en desechar recursos hacia otra que los aproveche.
Este último elemento conecta el nuevo ordenamiento con la economía circular, un área que también está transformando las políticas sobre residuos, materias primas y procesos industriales.
El mensaje para las empresas apunta hacia un modelo en el que el desempeño ambiental deberá considerarse desde etapas cada vez más tempranas de los proyectos.
¿Nuevos obstáculos para invertir?
La presentación del Gobierno establece los principios generales, pero las implicaciones concretas para permisos, tiempos, obligaciones empresariales y responsabilidades dependerán del texto legislativo y de cómo avance en el Congreso.
Además, Semarnat desarrolla paralelamente una agenda para simplificar procedimientos.
A principios de agosto, la dependencia anunció que reduciría de 10 a siete los trámites relacionados con autorizaciones de impacto ambiental y forestal, y de 12 a cuatro los requisitos por procedimiento.
La propia Secretaría argumentó que la simplificación busca facilitar el cumplimiento normativo y acelerar proyectos importantes para el desarrollo.
México enfrenta así un equilibrio complejo: endurecer la capacidad para prevenir daños ambientales sin convertir la regulación en un freno innecesario para nueva infraestructura e inversión.
Energía e industria deberán seguir el Congreso
La iniciativa abre la puerta a una revisión profunda de la legislación ambiental que acompaña el desarrollo económico mexicano desde finales de los años ochenta.
Para energía, manufactura, minería, transporte y grandes proyectos de infraestructura, lo verdaderamente relevante estará en el detalle: cómo cambiarán las evaluaciones ambientales, qué obligaciones preventivas surgirán, cuánto pesará la participación ciudadana y qué responsabilidades asumirán las empresas.
