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Ramírez Cuéllar advierte que el huachicol amenaza las finanzas públicas, a Pemex y la seguridad nacional.
El vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, hizo un llamado para impulsar una reforma integral que fortalezca el combate al robo de combustibles, también conocido como huachicol, al advertir que este delito representa una amenaza para la seguridad nacional, las finanzas públicas y la soberanía energética del país.
El legislador sostuvo que la dimensión que ha alcanzado el mercado ilícito de hidrocarburos obliga a una respuesta estructural por parte del Estado mexicano. En ese sentido, planteó que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo abran una amplia consulta para revisar y adecuar las disposiciones legales, administrativas y las sanciones penales relacionadas con este delito.
Propone fortalecer aduanas y la trazabilidad del combustible
Ramírez Cuéllar informó que actualmente analiza diversas propuestas enfocadas en reforzar el combate al huachicol. Entre ellas destacan modificaciones en materia de aduanas, acciones para combatir la corrupción, el uso de marcadores químicos para identificar combustibles y el fortalecimiento de los mecanismos de trazabilidad, con el objetivo de impedir el desvío y comercialización ilegal de hidrocarburos.
El legislador afirmó que el combate al robo de combustibles debe asumirse como una prioridad de Estado debido a que en este fenómeno convergen la seguridad nacional, la justicia fiscal y el bienestar de la población.
“Si no se frenan estas redes, el país seguirá perdiendo recursos esenciales para el desarrollo; si se enfrentan con decisión, México podrá fortalecer sus finanzas, su legalidad y su capacidad de crecimiento con bienestar”, señaló.
Iniciativa en Estados Unidos refleja dimensión internacional
El diputado destacó la importancia de la iniciativa Stop Fueling Cartel Violence Act, presentada el 14 de mayo de 2026 por los senadores estadounidenses John Cornyn y Jacky Rosen, al considerar que confirma el carácter transnacional del tráfico ilegal de combustibles.
A decir del legislador, la propuesta estadounidense fortalece el diagnóstico sobre el problema al reconocer que el contrabando de hidrocarburos se ha convertido en una amenaza regional que requiere respuestas coordinadas entre ambos países.
Ramírez Cuéllar señaló que esta iniciativa no sustituye el análisis nacional, sino que evidencia la necesidad de colocar el robo de combustibles en el centro del debate legislativo, debido a que debilita a Pemex, reduce la recaudación fiscal y fortalece a organizaciones criminales mediante redes de corrupción, empresas fachada y esquemas de lavado de dinero.
Pemex estima pérdidas millonarias por el robo de combustible
El legislador recordó que, de acuerdo con estimaciones de Pemex, durante 2024 fueron robados cerca de 987 millones de litros de combustible, una cifra que representa casi el triple de lo registrado en 2019 y que refleja la expansión de esta economía ilícita.
Además, advirtió que el impacto fiscal también resulta considerable. Según el documento citado por Ramírez Cuéllar, el Gobierno de México enfrenta pérdidas por miles de millones de dólares y una afectación cercana a 24 millones de dólares diarios en ingresos tributarios potenciales.
Añadió que entre 16% y 27% del consumo anual de combustibles en el país podría provenir de fuentes ilegales, lo que evidencia la penetración del mercado ilícito en la cadena energética nacional.
Entre las medidas contempladas en la iniciativa presentada en Estados Unidos se encuentran el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad de países aliados, el intercambio de información con agencias civiles estadounidenses especializadas en el combate al crimen organizado y la identificación de los principales nodos de operación de estas redes delictivas.
Asimismo, contempla acciones de cooperación no cinéticas, es decir, estrategias que no implican el uso directo de la fuerza militar para enfrentar el tráfico ilegal de hidrocarburos.
Ramírez Cuéllar reiteró que el combate al huachicol requiere una estrategia integral que combine reformas legales, fortalecimiento institucional y coordinación internacional para proteger las finanzas públicas y garantizar la seguridad energética del país.
