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Tras la muerte de “El Mencho”, violencia en varios estados impactó comercios y gasolineras: cierres, bloqueos e incidentes; empresas activaron protocolos y evaluaron daños operativos.
La cadena de combustibles y comercio minorista vivió horas de alta tensión tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en un operativo militar que detonó una ola de violencia con bloqueos, ataques y cierres preventivos en distintas regiones del país. En el área metropolitana de Guadalajara y otros puntos de Jalisco, la situación fue lo suficientemente grave para activar “Código Rojo” y mantener cerrados o con operación limitada a diversos establecimientos, incluyendo gasolineras y bancos.
El efecto sobre el sector energético se vio en un punto muy concreto: la continuidad del suministro minorista y la seguridad de las operaciones. Cuando se incendian vehículos para bloquear carreteras o se reportan ataques a comercios, el riesgo inmediato se traslada a tres frentes: abastecimiento por autotanques, operación segura en estaciones y movilidad de personal.
Los reportes periodísticos también añadieron un componente corporativo: empresas con presencia en retail y combustibles comenzaron a cuantificar incidentes. FEMSA reportó más de 200 incidentes en tiendas OXXO y gasolineras tras la jornada violenta, abriendo un ángulo empresarial que no se limita al conteo de actos violentos, sino al cálculo de pérdidas, reposición de activos y ajustes de protocolos para proteger a colaboradores y clientes. En este tipo de crisis, la información corporativa suele ser una de las pocas fuentes que traducen el impacto a números verificables dentro del ecosistema comercial.
En el terreno de la operación diaria, una ola de violencia altera el “nervio” logístico del mercado de combustibles. Las estaciones dependen del flujo de autotanques y de la circulación por carreteras y vialidades que, cuando se bloquean, generan cuellos de botella que pueden derivar en filas, compras de pánico o cierres temporales por falta de producto o por recomendación de seguridad. Durante el lunes y martes se observaron en Guadalajara vehículos formados para cargar gas LP tras bloqueos y ataques, un indicador visual del efecto sobre la demanda y el comportamiento de consumo cuando la población intenta abastecerse ante incertidumbre.
En varias partes del país se observaron incendios provocados con bombas molotov en tiendas de conveniencia, alimentando la percepción de que la violencia no se concentró solo en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, sino también en acciones para paralizar actividad económica y sembrar temor. Ese tipo de eventos impacta directamente al sector gasolinero por el patrón: cuando se atacan comercios de alta visibilidad, la respuesta inmediata es reforzar seguridad, bajar cortinas y limitar horarios. Con gasolineras, el riesgo se multiplica por la naturaleza del producto almacenado; cualquier intento de incendio o agresión cerca de tanques y dispensarios convierte el incidente en potencial emergencia mayor.
Para la seguridad empresarial, el episodio reactivó prácticas que el sector ya conoce, pero que no siempre se ejecutan de forma homogénea: comunicación interna inmediata, verificación de personal, cierres preventivos por zona, restricción de movimiento de autotanques y coordinación con autoridades locales. En estados con incidentes en carreteras, la logística de combustibles suele priorizar rutas seguras y ventanas de traslado. En zonas urbanas con cierre de comercios, se reorganiza operación por turnos y se reduce manejo de efectivo. En ambos casos, el objetivo es cortar vulnerabilidades: concentración de personas, exposición de inventarios y tránsito en zonas de riesgo.
La parte más delicada para estaciones es el efecto combinado de tres elementos: miedo del consumidor, interrupción logística y contagio de rumor. Cuando la población percibe que hay riesgo de desabasto o que las rutas están bloqueadas, suele intentar cargar combustible aunque no lo necesite de inmediato. Ese comportamiento eleva demanda en pocas horas, estresa inventarios y aumenta la probabilidad de filas, un escenario que también complica la seguridad de la estación. En un contexto así, la coordinación con seguridad pública y la comunicación clara al consumidor se vuelven parte de la operación energética, no solo del retail.
Mientras autoridades estatales y federales continúan evaluando daños y controlando focos de violencia, las empresas del sector combustibles y comercio están en modo de análisis post-incidente: qué estaciones suspendieron operación, qué activos fueron dañados, qué rutas quedaron comprometidas y qué protocolos se deben reforzar para eventos similares. En lo inmediato, el impacto se mide en cierres, interrupciones y eventos reportados; en el corto plazo, se medirá en capacidad de normalización y en ajustes de seguridad que se queden instalados como nueva línea base de operación.
