Los cambios a la Ley Aduanera en 2026 elevan la fiscalización y los controles, impactando tiempos, costos y planeación del sector logístico en México.
Los cambios en la Ley Aduanera, que entraron en vigor este 2026, implican una mayor fiscalización, controles más estrictos, mayor uso de herramientas digitales y un enfoque directo en la responsabilidad del importador; lo que meterá presión presiones al sector logístico del país.
Jesús Guillermo Mendieta González, vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), comentó que el sector logístico deberá cumplir con los requisitos de auditorías que pudiera detectar la autoridad.
“Específicamente los sectores de autotransporte logístico deben de tener con mucho cuidado todo lo que tiene que ver con su control interno y registro tanto de ingresos como egresos, así como la presentación de sus impuestos en pagos provisionales”, destacó el especialista.
Por su parte, Jorge Javier, consultor senior en comercio exterior para Thomson Reuters, aseveró que la nueva Ley Aduanera mantiene la tendencia de hiperfiscalización a través del control documental.
En este sentido, las empresas del sector logístico del país, este 2026 no sólo enfrentan un ajuste legal, sino también impactos directos en su planeación logística, tiempos de despacho y costos operativos.
Mendieta dijo que las empresas del sector llevan años ajustándose a los cambios y normativas, pero ante el endurecimiento para este año, sí tendrán que tomar precauciones y mantener todo en orden.
Se estima que el valor del mercado logístico en México asciende a 91 mil 470 millones de dólares en 2025, y es de suma importancia para la industria, pues es estratégico en sectores como la manufactura, automotriz, electrónica y aeroespacial, donde el movimiento oportuno de piezas y productos termina influye directamente en la competitividad de las empresas y del país.
Más vigilancia
La Ley Aduanera eleva los estándares de vigilancia en operaciones de comercio exterior. Entre los principales focos de atención de la autoridad se encuentran la manifestación de valor, la trazabilidad de las mercancías, el cumplimiento documental, la comprobación de la materialidad de las operaciones y la consistencia de la información transmitida por medios electrónicos.
Para importadores y operadores logísticos, este nuevo marco implica una mayor carga de cumplimiento, que se traduce en distintos retos operativos y financieros.
En primer lugar, las empresas deben destinar mayores recursos a sistemas de control interno, plataformas digitales, integración de bases de datos y procesos de auditoría preventiva. A ello se suma la necesidad de alinear áreas clave como legal, contabilidad, logística y comercio exterior para evitar discrepancias que puedan derivar en observaciones por parte de la autoridad.
Asimismo, se anticipa un incremento en las revisiones aduanales, tanto documentales como físicas, así como un mayor número de requerimientos de información en tiempo real. En este contexto, cualquier omisión o inconsistencia puede provocar demoras en el despacho de mercancías, especialmente cuando la documentación no se encuentra completa, actualizada o validada con anticipación.
Uno de los aspectos más sensibles es la manifestación de valor, una obligación que siempre ha recaído legalmente en el importador, pero que con las reformas recientes adquiere una relevancia operativa mayor. Este elemento se ha convertido en un punto clave para los procesos de auditoría y validación automatizada, lo que obliga a las empresas a reforzar sus controles desde el origen de la operación.
El nuevo nivel de exigencia también obliga a blindar la documentación comercial, los contratos internacionales, los procesos contables y la trazabilidad logística. Cualquier inconsistencia en estos rubros puede derivar en sanciones económicas, retención de mercancías, ajustes en contribuciones o incluso bloqueos operativos en aduana.
Impacto logístico: retrasos, costos y cuellos de botella
El endurecimiento junto con un entorno logístico que ya presenta desafíos estructurales. Las revisiones más estrictas, el aumento en los controles documentales, la saturación en algunos puntos aduaneros y la alta dependencia de sistemas electrónicos pueden generar afectaciones directas a la operación logística.
Entre los principales riesgos se encuentran retrasos en el despacho, particularmente en operaciones de alto volumen o con mercancías sensibles; mayores tiempos de permanencia en puertos, aeropuertos y recintos fiscalizados; así como incrementos en costos asociados al almacenaje, demoras, maniobras y reprogramación de transporte. Todo ello puede obligar a realizar ajustes forzados en inventarios, calendarios de entrega y compromisos comerciales.
De cara a 2026, el cumplimiento normativo, la digitalización y la eficiencia logística se perfilan como factores inseparables para los importadores en México. Las empresas que logren anticiparse a estos cambios, automatizar procesos y fortalecer su control documental y operativo estarán en una mejor posición para enfrentar no sólo el nuevo marco legal, sino también un entorno logístico cada vez más exigente, competitivo e incierto.
