Jalisco abrió consulta del 5 al 30 de enero para una central a gas de 544 MW. La resolución definirá oferta, precios y confianza social en el Occidente.
Jalisco vive una paradoja eléctrica: demanda industrial en ascenso, margen de reserva comprometido y rezagos de infraestructura. En ese contexto, la Secretaría de Medio Ambiente (vía DGIRA) abrió la consulta pública para una central de ciclo combinado de 544 MW —proyecto “El Salto I”, de Ad Astra Energía— con ventana del 5 al 30 de enero. El expediente plantea abastecerse con gas natural y conectarse a la red para atender el déficit regional. No es un trámite más: habla de la estrategia real para reforzar el corredor industrial del Occidente, donde la manufactura exportadora exige confiabilidad y precios competitivos.
El proyecto llega después de meses de controversia. En 2025, organizaciones locales reclamaron su inclusión en la consulta por impactos ambientales y urbanos; SEMARNAT argumentó que, al ubicarse en Tlajomulco de Zúñiga, la comunidad de El Salto no era “afectada”, lo que provocó amparos y protestas. Este arranque de 2026 reabre el expediente con una ruta formal de participación, clave para otorgar certeza social y jurídica. La transparencia del proceso y la calidad de la Manifestación de Impacto Ambiental serán observadas de cerca por industria, autoridades y defensores ambientales.
Desde el punto de vista del sistema, 544 MW no resuelven solos el rezago, pero sí alivian picos de demanda y reducen el uso de unidades menos eficientes. La pieza crítica será el gas: disponibilidad, contratos firmes y el costo relativo frente a alternativas. En los últimos años, el Occidente ha dependido de flujos desde el norte vía Sistrangas y gasoductos privados; si el proyecto amarra suministro competitivo, la generación a gas puede ofrecer electricidad más barata que otras opciones térmicas, y servir de puente mientras se concretan proyectos solares y baterías en la región.
El expediente también es una prueba para la coordinación regulatoria. La consulta ambiental es apenas uno de los hitos: vendrán permisos, interconexión y, eventualmente, decisiones de inversión finales. Para un estado que ha visto cómo la falta de capacidad frena expansiones industriales, un reloj regulatorio ágil —sin recortar estándares— puede marcar la diferencia entre inaugurar una planta en 2027 o seguir apagando incendios con diésel y restricciones.
En lo social, el reto será construir confianza. Los colectivos de El Salto han documentado por años problemáticas ambientales en su corredor industrial; ignorar esas preocupaciones sería condenar el proyecto a la judicialización. Por el contrario, incorporar medidas de mitigación robustas, monitoreo independiente y esquemas de beneficios locales puede convertir a “El Salto I” en un caso de referencia para nuevos proyectos térmicos de última generación. El debate de fondo —cómo asegurar electricidad confiable y asequible sin sacrificar estándares ambientales— se decidirá con datos, no con slogans.
Para los usuarios calificados y cadenas de proveeduría, la señal es doble: hay apetito por infraestructura y, al mismo tiempo, escrutinio social. Si la consulta concluye con resolución favorable, el calendario 2026-2027 podría sumar una pieza relevante al rompecabezas eléctrico del Bajío-Occidente. Mientras tanto, los industriales miran el cronómetro: cada día cuenta cuando competir con Texas y Asia significa producir con energía segura y predecible.
