API y aliados en EE. UU. intensifican presión para que USTR endurezca postura ante México en el USMCA. Temen trato pro-estatales y piden acciones concretas.
La energía vuelve al centro de la agenda bilateral. Organizaciones empresariales y cabilderos del sector en Estados Unidos reactivaron su presión pública para que la Oficina del Representante Comercial (USTR) endurezca la postura frente a México en el marco del USMCA/T-MEC, con el argumento de que las políticas energéticas mexicanas favorecen a las estatales y desincentivan la inversión privada. En esta coyuntura, la USTR abrió formalmente la consulta pública previa a la revisión de 2026, con audiencia el 17 de noviembre de 2025 y fecha límite para comentarios el 3 de noviembre (ya concluida), marcando un hito procesal que dará voz a industrias y cámaras en ambos países.
El planteamiento de la American Petroleum Institute (API) —recogido por medios especializados— sostiene que la reorganización del andamiaje regulatorio en México y diversas medidas administrativas y legales han generado incertidumbre y un entorno perceived discriminatory contra firmas estadounidenses. En marzo, API instó a la USTR a hacer valer compromisos del T-MEC; la narrativa ha escalado conforme se acerca la revisión, elevando la probabilidad de un endurecimiento de posiciones en Washington.
A la presión sectorial se suman señales de alto perfil: organizaciones como AFPM sostienen que las políticas mexicanas hacia compañías estadounidenses deben abordarse en el espíritu del T-MEC, un lenguaje que sugiere apoyo a la vía comercial-contenciosa si la interlocución bilateral no produce resultados.
El contexto procesal es determinante. La USTR publicó el aviso en el Federal Register para recibir comentarios y convocar a audiencia (17/nov), paso requerido por ley para construir la posición de EE. UU. rumbo a la revisión conjunta de 2026. En paralelo, el Gobierno de México inició su propia consulta para recolectar insumos de sectores productivos y reducir incertidumbre antes de la mesa trilateral, como confirmó la Secretaría de Economía y reportó Reuters en septiembre y octubre.
¿Qué pide el lobby energético?
- No discriminación efectiva en acceso a permisos, despacho y transporte.
- Certeza regulatoria con reglas estables y tiempos perentorios.
- Cumplimiento de compromisos de competencia y acceso a mercados del T-MEC.
Riesgos y escenarios
- Fase consultiva reforzada: USTR usa el expediente de comentarios para endurecer la postura y condicionar la extensión del T-MEC a cambios verificables. Think tanks ya recomiendan condicionar la renovación al cumplimiento temprano (1S26).
- Controversias puntuales: reactivación o ampliación de consultas/paneles en disciplinas de energía y competencia.
- Recalibración cooperativa: México activa ajustes reglamentarios y ventanillas para reducir fricción e incentivar inversión, evitando escalar a panel.
La revisión de 2026 no es una renegociación automática, pero sí una ventana crítica para extender o condicionar el tratado. Además, nuevos actores sectoriales —automotrices, cámaras y asociaciones— están copando el docket con sus posturas, incluyendo llamados hoy mismo a extender el acuerdo sin sobresaltos por su peso en la manufactura regional, lo que presiona para acotar la incertidumbre.
Para México, el reto será conciliar objetivos de soberanía energética con previsibilidad para capital privado, en un tablero donde cada comentario presentado ante USTR puede mover la aguja de la narrativa en Washington. La audiencia del 17 de noviembre servirá como termómetro de lo que EE. UU. pedirá en la mesa.
