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La Profepa detectó restos de combustóleo en un arroyo de La Paz por la Central de Combustión Interna de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
La Central de Combustión Interna de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en La Paz, Baja California Sur, volvió a ser señalada por malas prácticas ambientales, ya que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección el pasado 29 de septiembre y detectó contaminación persistente por combustóleo en el cauce de un arroyo colindante a las instalaciones de la paraestatal.
Según el informe oficial, durante el recorrido se identificó una sustancia aceitosa y oscura en uno de los registros, así como una mancha negra de 12 metros sobre la calzada. Pero el hallazgo más preocupante fue en el arroyo, donde se documentó la presencia de residuos de combustóleo que afectan el suelo y la vegetación a lo largo de aproximadamente 1,700 metros.
Lo más grave es que esta contaminación proviene de un derrame ocurrido desde diciembre de 2024, cuya limpieza nunca se completó. Es decir, la CFE dejó la zona parcialmente contaminada durante casi un año, sin remediación total y sin una gestión adecuada de los residuos peligrosos.
A pesar de ello, la respuesta de Profepa ha sido tibia, pues ordenó a la CFE iniciar trabajos de limpieza tras la nueva inspección, aunque la empresa apenas comenzó a coordinarse con autoridades municipales.
Este caso vuelve a poner en duda el compromiso ambiental de la Comisión, que suma múltiples señalamientos por afectaciones al medio ambiente en distintas regiones del país. También evidencia la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades federales, que, pese a detectar una contaminación evidente y prolongada, permiten que las remediaciones se dilaten sin consecuencias claras.
Hay que tomar en cuenta que la Profepa anunció que dará seguimiento a los trabajos de limpieza y a la disposición adecuada de residuos peligrosos. Sin embargo, frente a la gravedad del daño ecológico y la reincidencia de la CFE, la sociedad exige sanciones reales, transparencia en los resultados y garantías de no repetición.
