El Senado aprobó la nueva ley aduanera, pero pospuso su entrada al 1 de enero de 2026. Endurece controles y facultades para combatir el contrabando de combustibles.
La batalla contra el contrabando de combustibles —el llamado “huachicol fiscal”— dio este miércoles su golpe más sonado… con una pausa. El Senado aprobó la nueva legislación aduanera enfocada en endurecer controles, ampliar facultades de inspección y cerrar grietas regulatorias, pero incluyó una reserva clave: la entrada en vigor se pospone hasta el 1 de enero de 2026. Así, el Gobierno obtiene el marco legal que pedía, pero abre un periodo de transición —técnico, operativo y político— para ajustar sistemas y procesos.
El proyecto, que forma parte del arsenal para “cerrar el boquete” del huachicol fiscal, había sido delineado en días previos junto con anuncios de aranceles y mayor vigilancia tecnológica en aduanas. La prensa económica subrayó que el Paquete Económico 2026 contempla elevar la recaudación sin una reforma fiscal amplia, con medidas como impuestos saludables, nuevos aranceles a productos (particularmente de países sin TLC, como China) y modernización de aduanas. El combate al contrabando de gasolinas y diésel ocupa un lugar central en esa estrategia.
Qué cambia (y por qué importa a energía)
- Agentes y recintos: se endurecen reglas para agentes aduanales, se refuerzan responsabilidades y se eliminan excluyentes de responsabilidad; habrá controles más estrictos en recintos fiscalizados.
- Facultades de inspección: mayor poder para revisar documentación, verificar calidad, trazar volúmenes y auditar operaciones.
- Perímetro de riesgo: foco en importaciones de petrolíferos, donde el “huachicol fiscal” ha erosionado ingresos públicos y competencia en el mercado. Estos ejes fueron detallados por coberturas de referencia a partir del texto aprobado.
La cláusula 2026, el verdadero titular. La entrada diferida al 1 de enero de 2026 ofrece tiempo para desplegar tecnología, capacitación y protocolos, pero también prolonga un año la laxitud que hoy aprovechan redes de contrabando. Para importadores y traders legales, el mensaje es agridulce: habrá piso más parejo, pero no mañana. Para los consumidores, el efecto podría ser precios más estables en el mediano plazo si se corta la subfacturación y se encarece el ilícito.
Riesgos y oportunidades
- Implementación: el resultado dependerá de sistemas que crucen manifiestos, volúmenes y calidades con bases de SAT, Aduanas y Energía.
- Transparencia: publicar indicadores (interdicciones, sanciones, tasas de cumplimiento) ayudará a medir si la ley funciona.
- Coordinación: sin FGR, Marina y Hacienda alineadas, la norma puede quedarse en papel.
- Mercado: con controles reales, márgenes de importadores legales mejorarían y la competencia se ordenaría.
La política detrás. El aplazamiento respondió tanto a cálculos operativos (no desorganizar aduanas en temporada alta) como a tensiones legislativas. Lo cierto es que el Gobierno busca recaudar más sin subir tasas; cortar el contrabando en combustibles es la fruta de medio árbol. Si el arranque en 2026 llega con tecnología y monitoreo efectivo, el golpe al huachicol fiscal será medible en ingresos y en la sanidad del mercado.
