Iberdrola pone a la venta 15 plantas renovables en México por 4,700 mdd. Busca salir del país ante incertidumbre jurídica y fiscal persistente.
Iberdrola, la mayor empresa eléctrica de Europa, ha contratado al banco Barclays para vender 15 plantas de energía renovable en México, en lo que representa un nuevo paso en su proceso de salida del país, según informó el medio español El Confidencial. Las plantas están valoradas en aproximadamente 4,000 millones de euros (4,700 millones de dólares), y su venta responde a crecientes preocupaciones de la compañía sobre la estabilidad jurídica y fiscal en territorio mexicano.
Esta operación se suma a la ya concretada en 2024, cuando Iberdrola vendió el 55% de sus activos en México por 6,000 millones de dólares al Gobierno mexicano. Dicha venta fue promovida por la administración de Andrés Manuel López Obrador como una “nueva nacionalización” del sector eléctrico, al transferir el control de 13 plantas eléctricas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En ese momento, se argumentó que la operación buscaba recuperar soberanía energética y aumentar la capacidad operativa del Estado en el mercado eléctrico.
Con esta nueva desinversión, Iberdrola prácticamente concluiría su retirada del país, dejando atrás una presencia de más de dos décadas. El retiro tiene lugar en un contexto de incertidumbre regulatoria, cambios en la política energética mexicana que priorizan a las empresas estatales, y tensiones con el sector privado e inversionistas internacionales.
Aunque ni Iberdrola ni Barclays han emitido declaraciones oficiales al respecto, la información difundida por El Confidencial sugiere que la empresa española está cerrando su ciclo en México para enfocar sus esfuerzos en mercados más estables y con marcos normativos previsibles. La decisión también responde a la estrategia global de Iberdrola de fortalecer sus operaciones en países donde sus inversiones cuenten con seguridad jurídica y garantías de rentabilidad a largo plazo.
El impacto de esta salida podría repercutir en la percepción de riesgo del país entre inversionistas internacionales, especialmente en el sector energético, donde la falta de reglas claras ha sido objeto de críticas por parte de cámaras empresariales, gobiernos extranjeros y organismos financieros.
