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El nuevo plan de Pemex excluye pagos por deudas anteriores con proveedores, generando incertidumbre económica en estados petroleros y preocupación entre empresarios y analistas.
El Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha generado controversia y preocupación entre proveedores y expertos del sector energético. El documento, de carácter público, establece que únicamente se contemplarán pagos a proveedores por proyectos y servicios realizados durante 2025, dejando fuera los adeudos anteriores que mantiene la empresa.
Actualmente, la deuda comercial total de Pemex asciende a 431 mil millones de pesos. De este monto, 94 mil millones corresponden a empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC), que han señalado una situación crítica debido a la falta de pagos. De esa cifra, 12 mil millones de pesos son facturas vencidas, 8 mil millones son facturas aún no vencidas, y 74 mil millones corresponden a estimaciones certificadas no habilitadas en el sistema COPADE.
El plan estratégico reconoce que los pasivos acumulados “comprometen la viabilidad” de Pemex, y que el pago de estos adeudos afecta directamente los recursos disponibles para operación y proyectos productivos. Sin embargo, no presenta un calendario ni mecanismo claro para resolverlos. En cambio, se menciona que los nuevos pagos se realizarán conforme a la disponibilidad de recursos, bajo criterios de transparencia y equidad, con el objetivo de reducir los tiempos de pago y mejorar la relación con los proveedores a futuro.
La estrategia incluye un fondo de inversión en conjunto con Banobras, aunque su alcance está limitado exclusivamente a cubrir servicios y proyectos realizados durante el año en curso, lo que excluye la deuda histórica.
Expertos como el analista Ramses Pech advierten que esta omisión podría tener consecuencias severas para la economía de estados petroleros como Campeche, Tabasco y Veracruz, al provocar cierres de empresas y pérdida de empleos.
Por su parte, la Coparmex enfatizó que cualquier reestructuración debe incluir el pago puntual a proveedores, pues miles de empresas dependen de estos ingresos para sostener operaciones y empleos en la región sur-sureste del país. El incumplimiento, advierte el organismo empresarial, pone en riesgo la cadena productiva y deteriora la confianza de inversionistas y socios comerciales.
A pesar de estas preocupaciones, Francisco Cervantes, presidente del CCE, consideró adecuada la implementación del fondo de Banobras, restando importancia a la falta de pago de adeudos pasados. Sin embargo, el silencio sobre estos compromisos sigue siendo un foco rojo para el sector.
