Jubilados de Pemex y CFE marcharon a San Lázaro para impulsar una iniciativa contra la aplicación retroactiva del límite a pensiones.
Jubilados de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la banca de desarrollo marcharon este 31 de agosto hacia la Cámara de Diputados para abrir un nuevo frente contra la reforma constitucional que estableció límites a las pensiones y jubilaciones de entidades públicas.
Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados (ANAJUB) partieron del Monumento a la Revolución rumbo a San Lázaro bajo la consigna “México ya habló: respeto a los derechos adquiridos”.
Su objetivo es impulsar una iniciativa ciudadana contra lo que consideran una aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 de la Constitución. La movilización se da un día antes del arranque del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Jubilados llevan batalla por pensiones al Congreso
Antonio Vega, vocero de la ANAJUB, explicó que este lunes entregarían una carta de intención y posteriormente seguirían el procedimiento legal establecido para impulsar formalmente la propuesta.
El punto central de su iniciativa sería modificar el segundo transitorio de la reforma al artículo 127.
Los jubilados sostienen que la aplicación de la reforma debe revisarse frente a otras garantías constitucionales, particularmente el principio de progresividad y el principio pro persona establecidos en el artículo 1 constitucional, así como la prohibición de dar efecto retroactivo a una ley en perjuicio de una persona, contenida en el artículo 14.
“Seguiremos yendo por el camino legal, institucional y evidentemente por la parte pacífica”, señaló Vega durante la movilización.
El vocero agregó que uno de los puntos centrales de su propuesta será revisar la reforma desde el principio de progresividad.
¿Qué cambió con el artículo 127?
El Congreso aprobó en marzo de 2026 la reforma al artículo 127 constitucional en materia de límites a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.
El proceso avanzó rápidamente por los congresos estatales. La Cámara de Diputados registra que la minuta fue enviada a las legislaturas locales el 25 de marzo de 2026 y recibió votos aprobatorios de al menos 18 congresos.
La inconformidad de los jubilados se concentra en los efectos que, aseguran, tiene la nueva disposición sobre prestaciones previamente reconocidas.
Desde meses atrás, organizaciones de extrabajadores de Pemex, CFE, Bancomext y Nafin, entre otras instituciones, han exigido al Congreso modificar la reforma.
La ANAJUB sostiene que el nuevo esquema puede afectar derechos adquiridos y ha cuestionado la aplicación de los límites sobre personas que se jubilaron bajo condiciones anteriores.
ANAJUB presume respaldo de 200,000 personas
Como parte de su estrategia, los manifestantes llevaron al Congreso los resultados de una consulta que, de acuerdo con la propia organización, contó con la participación de 200,000 personas en diferentes puntos del país.
La cifra corresponde a lo reportado por la ANAJUB y no constituye un ejercicio organizado por una autoridad electoral.
Según la alianza, quienes participaron respaldaron la exigencia de brindar certeza jurídica a los jubilados y rechazar cualquier aplicación legislativa que, desde su perspectiva, afecte derechos previamente adquiridos.
Los manifestantes llegaron desde diferentes estados del país y realizaron una caravana vehicular hacia la Cámara de Diputados, donde celebraron un mitin.
La pelea por las pensiones ya llegó a tribunales
La reforma ha generado una batalla jurídica de tal magnitud que el Órgano de Administración Judicial ha emitido acuerdos para habilitar juzgados y tribunales colegiados encargados de atender asuntos urgentes derivados de amparos promovidos contra el decreto que reformó el artículo 127.
En junio, representantes de jubilados también habían sostenido encuentros con legisladores para plantear la suspensión de reducciones mientras se desarrollaba la legislación secundaria.
Ahora la ANAJUB busca abrir una nueva vía desde el propio Poder Legislativo.
Con el inicio del periodo ordinario de sesiones, los jubilados pretenden que su propuesta avance hasta convertirse formalmente en una iniciativa que permita revisar los efectos de la reforma.
Su demanda central permanece sin cambios: que los límites establecidos en el artículo 127 no afecten derechos que consideran adquiridos antes de la entrada en vigor de la modificación constitucional.
