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Energía, en el ojo del huracán del T-MEC

Laura Quintero by Laura Quintero
agosto 18, 2026
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El trato preferencial a Pemex y CFE incumple el T-MEC, encarece la energía y podría convertirse en uno de los principales temas de presión durante la revisión del acuerdo comercial.

La política energética de México es uno de los principales focos de tensión en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Especialistas advierten que el trato preferencial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incumple compromisos del acuerdo comercial y podría abrir un nuevo frente de presión con sus socios comerciales, especialmente con Estados Unidos.

Esta discusión cobró fuerza luego de que el Congreso de Estados Unidos impulsara una iniciativa para obligar a la administración estadounidense a responder frente a lo que considera un trato discriminatorio en favor de las empresas energéticas del Estado mexicano.

“Es clara la violación del T-MEC. No sé qué se está tratando de negociar a cambio del tema energético, porque esta política, además de resultarnos cara e ineficiente, atenta contra la seguridad de suministro, encarece los productos en México y nos puede poner en serios problemas para la revisión”, asegura Susana Cazorla, especialista en energía.

La especialista considera que el modelo energético vigente no solo incrementa los costos para consumidores e industria, sino que también genera incertidumbre sobre la confiabilidad del suministro eléctrico y de combustibles.

De acuerdo con los señalamientos de Estados Unidos, México incumple al menos tres capítulos del T-MEC: el 2, el 14 y el 22, relacionados con acceso a mercados, inversión y empresas propiedad del Estado.

Por su parte, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, coincide en que el favoritismo hacia Pemex y CFE representa uno de los principales reclamos de los socios comerciales de México.

Siller recuerda que durante la negociación del T-MEC el sector automotriz concentró buena parte de la atención, pero advierte que ahora la política energética se convierte en uno de los temas más delicados de la agenda bilateral.

“La queja estadounidense se basa en un punto claro del tratado: ningún país puede dar preferencia a una empresa estatal sobre actores privados y toda operación debe regirse por una regulación imparcial y condiciones de mercado”, explica.

Siller sostiene que México puede disminuir la tensión comercial si garantiza condiciones de competencia para empresas públicas y privadas.

“Con la ley actual puedes, en principio, dar apertura total a las empresas; lo único necesario es un regulador independiente que dé piso parejo para todos”, afirma Gabriela Siller.

Añade que una mayor apertura fortalecería la competitividad energética del país y facilitaría las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.

Sector energético bajo presión

Las preocupaciones estadounidenses están plasmadas en el más reciente informe de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), donde la administración de Donald Trump sostiene que México continúa obstaculizando la participación de empresas estadounidenses en el mercado energético.

El documento señala que las reformas legales impulsadas en los últimos años priorizan a Pemex y la CFE mediante retrasos en permisos, revocaciones, obstáculos regulatorios y restricciones que afectan la inversión privada.

Asimismo, el informe advierte que las modificaciones regulatorias reducen la vigencia de diversos permisos relacionados con combustibles y comercialización, mientras que esas limitaciones no aplican para las empresas estatales mexicanas.

Especialistas consideran que la energía se mantiene como una de las principales barreras no arancelarias señaladas por Estados Unidos y Canadá dentro del tratado comercial.

Aunque la controversia iniciada bajo el mecanismo de solución de diferencias permanece sin avances relevantes, se prevé que el tema volverá a ocupar un lugar prioritario durante la revisión del T-MEC.

En ese escenario, Siller anticipa que la capacidad del Gobierno mexicano para ofrecer mayor certidumbre regulatoria y garantizar condiciones de competencia será determinante para evitar nuevas disputas comerciales y preservar la competitividad de América del Norte.

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