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Mantener el precio del diésel en 25.39 pesos por litro presiona sus márgenes y exige mayor certidumbre regulatoria.
A partir del 1 de mayo de 2026, las estaciones de servicio de la franja fronteriza iniciaron una nueva etapa en la política de precios del diésel. En las zonas donde aplica el IVA del 8%, el Gobierno Federal ha solicitado que el precio al público se mantenga en 25.39 pesos por litro, como parte de una estrategia orientada a contener el impacto económico sobre los consumidores y fortalecer la estabilidad del mercado.
Este esquema es resultado de un proceso de coordinación institucional en el que participaron la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y PEMEX. El precio fronterizo deriva del referente nacional de 27 pesos por litro, ajustado por el tratamiento fiscal diferenciado del IVA.
No obstante, mantener este precio representa un desafío operativo y financiero para las estaciones de servicio. El diésel se comercializa, en gran medida, mediante ventas a crédito al sector productivo, lo que implica costos financieros relevantes. A ello se suman las comisiones por medios de pago, los gastos asociados al cumplimiento de un marco regulatorio cada vez más robusto, los costos administrativos y las inversiones permanentes en seguridad, medición y control, factores que reducen significativamente los márgenes de operación.
Otro aspecto que merece atención es la comunicación institucional. En diversos casos, los empresarios han recibido información limitada o tardía respecto de los mecanismos de implementación, los criterios de supervisión y las implicaciones de no adherirse al esquema de precios, generando incertidumbre en la toma de decisiones.
Equilibrio necesario
El reto consiste en encontrar un equilibrio entre el interés público y la sostenibilidad económica de quienes garantizan diariamente el suministro de combustibles. La estabilidad de precios constituye un objetivo socialmente deseable; sin embargo, su permanencia requiere reconocer la realidad financiera del sector y construir mecanismos de diálogo, certidumbre regulatoria y corresponsabilidad institucional. Solo así será posible preservar un esquema que beneficie tanto a los consumidores como a las empresas encargadas de mantener operando una infraestructura estratégica para el desarrollo económico de la región.
