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Sheinbaum propone excluir inversión de Pemex del déficit público y blindar proyectos estratégicos, con nueva ley de infraestructura y mayor flexibilidad para contratación e inversión.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa que busca reconfigurar el marco fiscal y legal de la inversión pública, con un énfasis particular en los proyectos estratégicos y en el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex) dentro de las finanzas públicas. La propuesta tiene dos ejes centrales: la creación de una nueva legislación para impulsar infraestructura y modificaciones profundas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El primer componente es la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que plantea establecer reglas claras para estructurar proyectos prioritarios, incluyendo esquemas mixtos con participación privada. Esta ley busca dotar de mayor certidumbre jurídica a los mecanismos de inversión y crear instrumentos financieros y contractuales que permitan acelerar la ejecución de obras estratégicas.
El segundo eje se enfoca en el marco fiscal. La iniciativa propone modificar la forma en que se contabiliza la inversión de Pemex dentro del déficit público, particularmente en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). En términos prácticos, esto implicaría que el gasto de inversión de la empresa no se refleje directamente en las métricas tradicionales del déficit, lo que permitiría “despresurizar” las finanzas públicas sin reducir el ritmo de inversión.
El cambio es relevante considerando que, al cierre del año pasado, el déficit se ubicó en 4.8% del PIB al incluir los apoyos a Pemex, pero bajaría a 4.3% si se excluyen estos componentes. Bajo el nuevo esquema, el gobierno podría mantener o incluso incrementar la inversión en la petrolera sin afectar de forma directa los indicadores fiscales que observan los mercados.
Adicionalmente, la iniciativa introduce el concepto de “Proyectos para el Desarrollo con Bienestar”, otorgándoles un carácter preferente dentro del presupuesto. Esto significa que estos proyectos podrían estar protegidos frente a caídas en los ingresos públicos, blindando su continuidad incluso en escenarios económicos adversos.
Otro elemento clave es la flexibilización en los procesos de contratación. La propuesta permitiría iniciar procedimientos para proyectos estratégicos sin contar aún con la suficiencia presupuestaria definitiva, siempre que exista autorización expresa de la Secretaría de Hacienda. Esto busca reducir tiempos y evitar retrasos en la ejecución de obras prioritarias.
Finalmente, se contempla la creación del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, encargado de definir los proyectos prioritarios y coordinar su implementación, así como los vehículos de inversión que regularán la participación del sector privado.
En conjunto, la iniciativa apunta a un rediseño estructural del modelo de inversión pública en México, donde la prioridad es mantener el ritmo de desarrollo de infraestructura y fortalecer el papel de Pemex sin tensionar las métricas fiscales tradicionales.
