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México apuesta por el fracking, pero Pemex enfrenta inversión insuficiente y vacíos regulatorios.
El gas natural ya representa 45.5% del suministro total de energía en México, pero la producción nacional no alcanza para cubrir la demanda interna. Actualmente, Pemex sólo produce 37.1% del consumo total, mientras que el restante 62.9% se importa principalmente desde Texas.
De acuerdo con el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), elaborado por la investigadora Katherine Olvera Juárez, esta dependencia se profundizó entre 2018 y 2025. Durante ese periodo, la producción nacional cayó 16%, mientras el consumo aumentó 22.2% y las importaciones crecieron 43%.
En 2025, México importó 6 mil 890 millones de pies cúbicos diarios (mpcd), equivalentes al 76% del consumo nacional, convirtiéndose en el séptimo importador mundial de gas natural.
Ante este escenario, la Secretaría de Energía (Sener) presentó en abril de 2026 la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, que contempla la posible explotación de yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico o fracking.
La estrategia busca eficiencia energética, expansión de energías renovables y explotación de reservas de gas natural.
El objetivo es reducir la vulnerabilidad energética de México frente a factores externos como conflictos geopolíticos, fenómenos climáticos o decisiones del gobierno estadounidense, que actualmente concentra casi todo el suministro de gas hacia el país.
Sin embargo, especialistas advierten que el principal desafío para desarrollar estos proyectos no es únicamente técnico, sino financiero.
Pemex enfrenta límites presupuestales
El estudio del CIEP advierte que la inversión pública disponible actualmente resulta insuficiente para desarrollar proyectos de gas no convencional a gran escala.
La inversión de Pemex en exploración y producción pasó de 36 mil 512 millones de pesos en 2018 a un máximo de 49 mil 574 millones en 2022, pero cayó a 29 mil 318 millones en 2025, su nivel más bajo del periodo. Para 2026 se proyectan 39 mil 495 millones de pesos, equivalentes apenas a 0.10% del PIB.
El problema, según el análisis, es que los yacimientos no convencionales requieren inversiones elevadas desde las primeras etapas, especialmente en perforación y terminación de pozos, antes de generar ingresos.
Tan sólo para la cuenca de Burgos, una de las regiones con mayor potencial de shale gas, se proyecta una inversión de casi 3 mil millones de pesos, principalmente en:
- Perforación de pozos.
- Terminación de pozos.
- Servicios de soporte.
- Administración de proyectos.
- Operación de instalaciones.
Además, para el conjunto de proyectos terrestres relacionados con shale y tight gas, la inversión estimada asciende a 1 mil 059 millones de dólares entre 2024 y 2030.
Vacíos regulatorios y riesgos ambientales
El análisis también advierte que el nuevo Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos, publicado en octubre de 2025, habilita contratos y participación privada en exploración y extracción, pero no establece reglas específicas para fracking ni para hidrocarburos no convencionales.
Esa falta de regulación genera incertidumbre sobre:
- Condiciones ambientales.
- Esquemas fiscales.
- Participación privada.
- Supervisión técnica.
- Responsabilidad sobre impactos ambientales.
El fracking requiere grandes cantidades de agua —entre 10 mil y 30 mil metros cúbicos por pozo— además de químicos que pueden afectar acuíferos y suelos.
Las principales cuencas con potencial, como Burgos y Sabinas-Burro, se encuentran además en regiones con estrés hídrico documentado.
El documento del CIEP subraya que el debate energético en México enfrenta dos conceptos distintos: seguridad energética y soberanía energética.
Mientras la seguridad energética busca garantizar suministro estable y accesible, la soberanía energética implica reducir la dependencia extranjera y producir internamente los recursos necesarios.
Actualmente, México depende de Estados Unidos para abastecer la mayor parte de su consumo de gas natural. La crisis invernal de Texas en 2021 evidenció los riesgos de esa concentración, al provocar apagones y desabasto en territorio mexicano.
No obstante, especialistas señalan que alcanzar la autosuficiencia mediante fracking requeriría no sólo recursos naturales disponibles, sino una estrategia integral con inversión sostenida, capacidad tecnológica y regulación específica que hoy aún no existe.
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