Subir el salario mínimo es justo, pero sin energía barata, financiamiento, seguridad y productividad, la carga cae en la industria y amenaza el nearshoring.
El nuevo aumento al salario mínimo llegará, otra vez, envuelto en la misma narrativa oficial: “no hay inflación”, “récord de inversión extranjera”, “victoria histórica para los trabajadores”. En los gráficos de la conferencia matutina todo se ve impecable: 315.04 pesos diarios, 9,582 pesos mensuales, 154% de incremento desde 2018 y ahora, además, una semana laboral de 40 horas “gradual y consensuada”.
Pero mientras en Palacio Nacional se reparten reconocimientos mutuos, en las plantas industriales, talleres metalmecánicos, maquilas y naves logísticas la reacción es menos épica y mucho más pragmática: ¿cómo se paga esto sin reventar la nómina, sin perder competitividad y sin empujar a más empresas a la informalidad?
Porque sí, es justo decirlo con todas sus letras: nadie en su sano juicio defiende un salario de miseria. Que 8.5 millones de personas ganen más es deseable. El problema no es el “qué”, sino el “cómo” y el “sobre quién” se descarga el costo. Y ahí es donde el discurso triunfalista se vuelve peligroso para la industria mexicana.
Primero, el aumento al mínimo no se queda en el mínimo. En la práctica, dispara una cascada salarial completa: operarios que estaban 10 o 15% arriba del mínimo exigen reposicionarse, mandos medios piden ajuste para no “pegarse” a la base, contratos colectivos se reabren o generan presión informal. En sectores de alta intensidad de mano de obra –textil, alimentos, autopartes, logística, agroindustria– el incremento no es de 13%: puede convertirse fácilmente en 18–25% del costo laboral total.
Segundo, la narrativa oficial ignora el contexto real de la empresa promedio mexicana. No estamos hablando de corporativos exportadores con márgenes cómodos y acceso a crédito barato, sino de miles de PyMEs industriales que sobreviven entre energía cara, falta de financiamiento, extorsión en carreteras, robo hormiga y burocracia infinita. A ellas se les exige “aplaudir el consenso histórico” mientras absorben un choque de costos sin una sola política seria de productividad, tecnología o reducción de cargas no salariales.
Tercero, el momento importa. México compite en el tablero del nearshoring con países que ofrecen algo muy simple: certidumbre, energía suficiente, Estado de derecho mínimo y costo laboral predecible. Acá tenemos otra ecuación: tarifas eléctricas industriales elevadas, saturación de redes, inseguridad logística, reglas que cambian cada sexenio… y ahora un salario mínimo que sube por decreto, sin un plan claro de productividad que lo respalde. Es como ponerle turbo a un auto sin revisar frenos ni suspensión.
Cuarto, el gobierno presume que “no habrá impacto inflacionario” como si esa frase, repetida desde un podio, tuviera efectos económicos reales. La industria sabe que la pregunta no es si suben los precios, sino dónde y cuánto: ¿en la tortilla, en el transporte, en el empaque, en el mantenimiento, en los insumos? En un país con cadenas de valor tan frágiles, el aumento generalizado de costos laborales termina filtrándose, tarde o temprano, al consumidor o aplastando márgenes hasta volver inviables proyectos completos.
Quinto, la combinación aumento de salario mínimo + reducción de jornada a 40 horas no es neutra en planta. Menos horas legales y más costo por trabajador implican reorganizar turnos, contratar más personal o pagar más tiempo extra. Todo esto en un entorno donde muchos parques industriales ya batallan para conseguir perfiles técnicos, soldadores, operadores y personal calificado. No hay política seria de capacitación masiva que acompañe el cambio; solo decretos que suponen que la estructura productiva se adapta por magia.
Al final, el mensaje que recibe la industria mexicana es claro: usted invierta, contrate, compita y absorba choques de costos; el gobierno se queda con la medalla política del anuncio. Y si alguna empresa no aguanta el golpe, siempre se podrá culpar al “empresario insensible” o a “la herencia del modelo neoliberal”, jamás al diseño improvisado de políticas públicas.
Subir el salario mínimo puede ser una decisión necesaria y moralmente defendible, pero si no viene acompañada de energía competitiva, financiamiento accesible, seguridad en rutas, simplificación regulatoria y una estrategia real de productividad, se convierte en otra carga sobre un aparato industrial que ya camina al límite.
El riesgo no es solo que algunas fábricas recorten personal o cancelen expansiones. El riesgo de fondo es que México pierda justamente aquello que hoy presume frente al mundo: una industria dinámica, capaz de atraer inversión y de sostener el famoso “milagro del nearshoring”. Porque la aritmética es brutal: ningún país puede construir una potencia industrial a punta de decretos y mañaneras; se construye con reglas claras, costos razonables y un mínimo de respeto por quienes, todos los días, pagan la nómina de verdad.
