La expansión del puerto de Manzanillo, ligada al Plan México, genera alarma por posibles daños a la laguna de Cuyutlán, mientras la logística nacional apuesta por cuadruplicar capacidad.
Manzanillo es el corazón portuario del país y una pieza esencial para el comercio exterior mexicano. Pero su expansión más ambiciosa enfrenta una oposición que crece con rapidez. Un reportaje de El País publicado el 24 de noviembre de 2025 advierte que el proyecto de ampliación del puerto, impulsado como parte de la agenda federal de infraestructura, podría poner en riesgo a la laguna de Cuyutlán, el mayor humedal de Colima y un ecosistema clave de manglares, aves y actividades tradicionales como pesca y salineras.
La tensión no es menor porque el proyecto portuario tiene un objetivo claro: ampliar sustancialmente la capacidad operativa de Manzanillo para responder al crecimiento del comercio transpacífico y a la presión logística que el nearshoring está generando en México. Reportes previos de medios de negocios describen el plan de un “Puerto Nuevo” en la cuenca de Cuyutlán, con ambiciones de convertir a Manzanillo en un nodo global de contenedores.
Lo que hoy explota en el debate público es el costo potencial de esa expansión. El País señala que la laguna alberga una biodiversidad relevante, con manglares que actúan como barrera natural ante tormentas y que sostienen economías locales de larga historia. Investigadores y líderes comunitarios cuestionan los procesos de consulta y la transparencia de la evaluación ambiental, mientras pescadores y salineros advierten que el proyecto podría alterar de forma irreversible el equilibrio ecológico de la zona.
Para el sector logístico, la discusión es compleja. Nadie duda de la necesidad de ampliar infraestructura portuaria. Manzanillo es un cuello de botella potencial si México quiere consolidarse como plataforma industrial de Norteamérica y al mismo tiempo mantener un flujo eficiente de importaciones provenientes de Asia. En otras palabras, sin más capacidad portuaria, el nearshoring también se asfixia. Pero la expansión de un puerto dentro de un ecosistema crítico crea un dilema de gobernanza que puede ser tan costoso como la falta de infraestructura.
En términos de riesgo reputacional, la historia es explosiva. La imagen de un puerto que promete crecimiento económico versus un humedal que representa patrimonio natural y sustento comunitario es una narrativa de alta tracción en redes sociales. La discusión también puede escalar hacia mercados internacionales donde los criterios ambientales empiezan a condicionar financiamiento de infraestructura y contratos de cadenas de suministro responsables.
El antecedente de 2025 añade otra capa de complejidad. Una nota de ELAW informó en julio que desarrolladores habrían retirado en algún momento una solicitud de autorización ambiental ligada a un proyecto portuario en la laguna, lo que sugiere que el proceso ha tenido idas y vueltas y que el debate legal y técnico sigue evolucionando. Aunque este tipo de reportes no sustituyen a documentos oficiales, sí muestran que el conflicto socioambiental alrededor de Cuyutlán tiene raíces profundas y no parece encaminado a disiparse pronto.
En el terreno económico local, los beneficios proyectados de la expansión portuaria se traducirían en más actividad de transporte, almacenaje, servicios aduanales y desarrollo inmobiliario industrial. Para Colima y regiones cercanas, una ampliación exitosa significa más empleos y más recursos asociados a cadenas logísticas globales. Pero el costo de una ruptura ecológica mayor también tendría efectos económicos severos, desde la pérdida de actividades tradicionales hasta conflictos sociales prolongados que podrían frenar o encarecer operaciones.
El desafío para las autoridades federales y portuarias será construir una ruta de solución que no dependa solo de discursos. Requerirá estudios ambientales robustos, transparencia real, mecanismos de compensación creíbles y, sobre todo, una planeación que integre ciencia, comunidad e industria en decisiones verificables. El futuro del principal puerto del país no puede diseñarse como si la naturaleza fuera un obstáculo administrativo. En 2025, esa idea ya no es viable para mercados globales ni para comunidades locales.
Manzanillo, en síntesis, enfrenta una prueba de madurez logística. El país necesita más capacidad portuaria. Pero también necesita demostrar que puede crecer sin destruir su infraestructura natural de protección costera y biodiversidad. La resolución de este conflicto no solo marcará el destino de un humedal: podría convertirse en un caso emblemático de cómo México quiere hacer infraestructura en la era del nearshoring.
