La SENER aclara que la figura de Ocupación Temporal no implica expropiaciones en hidrocarburos; es una medida legal vigente desde 2014 y excepcional.
La Secretaría de Energía (SENER) aclaró que la figura de Ocupación Temporal contemplada en el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos no implica expropiación alguna de plantas, instalaciones o activos de los permisionarios del sector energético. Ante versiones difundidas en medios y declaraciones públicas que sugerían lo contrario, la dependencia precisó que dicha figura no es nueva, ya que fue incluida desde la publicación de la Ley de Hidrocarburos el 11 de agosto de 2014.
La SENER explicó que la Ocupación Temporal está prevista exclusivamente como una medida excepcional, aplicable únicamente en circunstancias extraordinarias como guerra, desastres naturales o situaciones que comprometan el funcionamiento de los servicios energéticos y la seguridad nacional. En estos casos, si el permisionario no puede realizar por sí mismo las actividades autorizadas en su permiso, el Estado puede intervenir temporalmente para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los usuarios finales.
La dependencia subrayó que esta medida no conlleva la pérdida de propiedad de los activos ni la transferencia de los mismos al Estado, y por tanto no se trata de una expropiación. En cambio, al cesar la causa que originó la ocupación, el permisionario tiene derecho a que se restablezca el control de sus activos de manera inmediata.
El objetivo principal de esta disposición, según la SENER, es brindar certeza jurídica tanto a los permisionarios como a los usuarios del sistema energético nacional, garantizando que exista un marco legal claro y predecible para responder ante situaciones críticas.
Además, la dependencia reiteró que el actual reglamento en materia de hidrocarburos no modifica el alcance de la figura, sino que simplemente retoma lo ya previsto por la ley desde hace casi una década, sin incorporar nuevos supuestos ni ampliar facultades del Estado.
Finalmente, la Secretaría calificó como “totalmente falsas” las versiones que han sugerido la posibilidad de que el gobierno utilice esta figura como herramienta para realizar expropiaciones encubiertas, enfatizando que la medida forma parte del diseño normativo original del sector energético desde la reforma energética de 2013-2014.
