La iniciativa de Ley General de Aguas ingresó a Conamer el 2 de octubre. Vienen cambios en permisos, prioridades de uso y gobernanza hídrica con impacto energético.
El recurso más estratégico para la energía —después de la energía misma— es el agua. Y esta semana dio un paso relevante: la iniciativa de Ley General de Aguas (LGA) ingresó a la Conamer el 2 de octubre de 2025, abriendo una ruta de consulta y opinión de impacto regulatorio antes de su discusión legislativa. De aprobarse, la LGA redefiniría permisos, prioridades de uso, supervisión y sanciones, afectando a industrias intensivas en agua como refinación, termoelectricidad y minería.
Un primer análisis legal apunta a que la propuesta articula la nueva gobernanza hídrica con objetivos de desarrollo sostenible, establece plazos de adecuación y prevé que la ley entre en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF (cuando llegue ese momento). Si el Congreso la prioriza, veremos nuevos criterios de asignación, reuso y descargas, además de mayores exigencias de transparencia para los grandes usuarios.
¿Qué cambia para energía?
- Permisos y concesiones: proyectos con enfriamiento, inyección de vapor, lavado de gases o manejo de efluentes enfrentarían requisitos adicionales de balance hídrico, medición y plan de eficiencia. Las termoeléctricas y refinerías —de alta huella hídrica— tendrían que reconfigurar sus estudios de impacto y programas de recirculación/reuso. (Esto se desprende de los ejes de la iniciativa en Conamer).
- Prioridad de usos: en zonas de estrés hídrico, la LGA podría reordenar prioridades (consumo humano, ecosistemas) por encima de usos industriales, con controles más estrictos a extracciones y descargas. Para operadores energéticos, eso se traduce en riesgo de restricción o costos superiores de tratamiento.
- Gobernanza y sanciones: mayor coordinación entre autoridades del agua y de ambiente; sanciones más claras y procesos digitales. Esto impacta tiempos de desarrollo y la bancabilidad de proyectos.
Hotspots a vigilar:
- Noroeste y Altiplano (Sonora–Baja California–Chihuahua–Coahuila–NL–GTO): polos del nearshoring con acuíferos presionados.
- Corredores energéticos con termoeléctricas y refinerías cercanas a centros urbanos.
- Minería en Zacatecas–Sonora–Durango, con operaciones que compiten por agua.
La discusión no es nueva, pero el timing sí: con demandas energéticas al alza y sequías recurrentes, permitir nuevos proyectos dependerá de su huella hídrica y de soluciones como agua tratada, ciclos cerrados, torres híbridas o almacenamiento para flexibilizar demanda eléctrica (y por tanto agua para enfriamiento). Un marco más exigente encarece CAPEX/OPEX, pero también reduce riesgos de paros por falta de permisos o conflictos sociales.
Para el lector técnico: la Conamer abrió el expediente con documentación cargada (resumen y anteproyecto). El siguiente paso es el trámite legislativo; no hay cambios hasta que el Congreso apruebe y el DOF publique. Mientras tanto, conviene iniciar gap assessments de agua en activos críticos, revisar contratos de suministro y costear alternativas (p. ej., reuso municipal).
La señal para el sector es doble: el agua se vuelve constraint formal para energía, y el cumplimiento hídrico entrará al checklist de financiamiento (bancos y bonos verdes). Quien llegue con mejor ingeniería hídrica y datos tendrá ventaja en permisos y costos de capital.
