La regulación del Gas LP por precio máximo genera escasez y especulación. Gas Bienestar tiene una expansión lenta, dejando a millones de hogares sin alivio.
El mercado del Gas Licuado de Petróleo (LP) se ha convertido en el campo de batalla más visible de la política energética que toca directamente el bolsillo de la mayoría de los mexicanos. La medida de imponer un Precio Máximo de venta, implementada para combatir la especulación y la inflación, está bajo fuego por sus efectos colaterales: reportes de escasez intermitente en ciertas regiones, dudas sobre la calidad del servicio y un mercado que parece haber encontrado nuevas formas de eludir la regulación.
La intervención gubernamental, que se consolidó con la creación de la empresa paraestatal Gas Bienestar, buscaba inyectar competencia en un sector dominado históricamente por un puñado de distribuidores. Sin embargo, a pesar de la regulación de precios, los consumidores siguen reportando que el alivio económico prometido no se ha materializado de manera uniforme.
Los dos lados de la moneda de la regulación
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) defiende el esquema del precio máximo argumentando que ha frenado la escalada de precios que se observaba antes de la intervención. No obstante, analistas económicos señalan que la regulación distorsiona el mercado:
- Desincentivo a la Inversión: Al limitar la utilidad, el precio máximo desincentiva a los distribuidores privados a invertir en la logística de transporte y distribución a zonas rurales o de difícil acceso, provocando una escasez localizada y obligando a los consumidores a pagar precios superiores en el mercado informal.
- Estrategias de Elusión: Se han reportado casos donde, en lugar de subir el precio, las empresas han optado por ofrecer cilindros con un contenido de gas inferior al declarado o han reducido los márgenes de seguridad en el llenado, lo que equivale a un aumento de precio encubierto que afecta la confianza del consumidor.
“El gobierno resolvió el problema del precio, pero creó el problema del suministro y de la calidad,” comenta el economista de energía, Alberto Gómez. “La única forma de garantizar precios justos y abasto es con una competencia real y con infraestructura eficiente, no con topes artificiales. El mercado reacciona encontrando vías para mantener su rentabilidad.”
El reto de Gas Bienestar
Gas Bienestar, la empresa social creada por Pemex para vender cilindros a precios justos, ha tenido una expansión mucho más lenta de lo proyectado. Su operación se ha concentrado principalmente en la Ciudad de México y algunas zonas metropolitanas clave, dejando fuera a la vasta mayoría del país.
Aunque los consumidores que logran acceder al servicio reportan un precio más estable, la limitada capacidad logística y de distribución de la empresa paraestatal no ha sido suficiente para funcionar como un verdadero ancla de precios a nivel nacional. La falta de acceso a este programa de subsidio implícito obliga a millones de familias a seguir dependiendo de los distribuidores privados, cuyas prácticas comerciales siguen siendo opacas.
La PROFECO y la CRE enfrentan una presión constante para aumentar la vigilancia sobre el contenido de los cilindros y garantizar que los precios máximos se respeten sin afectar la distribución. La pregunta clave para el futuro es si el gobierno mantendrá la intervención directa a través de precios máximos y una empresa estatal de lento crecimiento, o si buscará mecanismos que fomenten la inversión privada en infraestructura para, verdaderamente, detonar la competencia.
