El Gobierno capitalino suspendió la creación del Comité de Solidaridad para las víctimas de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, bajo el argumento de que Grupo Tomza aún no ha garantizado la reparación integral del daño
A dos semanas de la trágica explosión de una pipa de gas LP debajo del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, el cual ha dejado 29 muertos, 16 personas hospitalizadas y decenas de familias afectadas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada anunció la suspensión del Comité de Solidaridad para las víctimas, bajo el argumento de que la empresa responsable aún no ha garantizado la reparación integral del daño.
“Vamos a garantizar que los responsables, que la empresa, cumpla con la reparación integral del daño; por eso el comité quedará para después”, declaró Brugada en conferencia de prensa.
La medida, presentada como un acto de firmeza, también revela la falta de avances concretos para sancionar a los responsables y ofrecer certidumbre a las víctimas, a pesar de las declaraciones públicas. Las autoridades no mencionaron el nombre de la empresa operadora del vehículo ni detallaron acciones legales en su contra.
¿Qué pasa con Grupo Tomza?
El Gobierno capitalino evitó dar detalles sobre si Grupo Tomza, señalado previamente por familiares de las víctimas, ha respondido a los llamados oficiales o ha ofrecido compensaciones. Tampoco se aclaró si existe una orden de suspensión de actividades o medidas cautelares contra la empresa.
Mientras que el aplazamiento del comité (una instancia que inicialmente se presentó como canal para recibir donaciones y coordinar apoyos sociales) generó suspicacias y críticas por parte de colectivos de víctimas, quienes consideran que la responsabilidad de atención no puede depender de la voluntad o el ritmo de una empresa privada.
Por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que continúa con las investigaciones periciales y que la causa de la fuga fue el impacto de la pipa contra un bloque de contención, lo cual provocó una hendidura en el tanque. Sin embargo, hasta ahora no hay imputaciones formales ni detenciones, y persisten dos víctimas sin identificar plenamente.
Hay que tomar en cuenta que se han desplegado unidades móviles en hospitales para tomar declaraciones y recabar datos, y se habilitó una línea de atención. No obstante, familiares han señalado la lentitud en el proceso de acreditación de víctimas y en la definición de montos de reparación, lo que ha generado frustración y desconfianza.
Por parte de las autoridades detallaron que se han entregado 4 mil raciones de alimentos, apoyo psicológico y servicios funerarios, además de recursos económicos emergentes y alojamiento en carpas fuera de los hospitales. Sin embargo, la mayoría de estas acciones han sido paliativas y no forman parte aún de un esquema claro de reparación del daño ni de una política pública estructurada.
El secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que se mantendrá el acompañamiento hasta la rehabilitación total de las víctimas, aunque reconoció que algunas familias solo están siendo atendidas vía telefónica.
Brugada también informó que su gobierno ya tiene una propuesta para regular el transporte de materiales peligrosos, pero está a la espera de las medidas del gobierno federal para implementarla. El anuncio, aunque relevante, llega tarde, considerando que el incidente evidenció vacíos legales y operativos en el manejo de este tipo de sustancias dentro de zonas densamente pobladas.
