La tragedia en Iztapalapa exhibe la urgente necesidad de profesionalizar al sector gasero: falta de capacitación, protocolos débiles y negligencia estructural siguen costando vidas.
El estruendo se escuchó a kilómetros de distancia. La tarde del miércoles, bajo el Puente de la Concordia en Iztapalapa, una pipa cargada con miles de litros de gas LP se volcó y explotó, dejando hasta ahora un saldo trágico: quince personas muertas, 90 lesionadas —9 de ellas en estado crítico—, y una comunidad marcada por el horror y la impotencia. La escena fue dantesca: autos calcinados, columnas de humo, gente corriendo, cuerpos atendidos en plena vía pública, y helicópteros sobrevolando la zona como en una operación de guerra.
Pero más allá de la tragedia inmediata y la respuesta heroica de los cuerpos de emergencia, esta explosión debería sacudirnos en otro nivel. No es un accidente aislado. Es una consecuencia predecible de una industria que ha vivido durante décadas en la normalización del riesgo, en la improvisación operativa y en la omisión sistemática de medidas básicas de seguridad. El sector del gas LP en México necesita una sacudida profunda. Y la necesita ya.
Transportar gas LP no es cualquier cosa. Hablamos de un hidrocarburo altamente inflamable, que requiere conocimiento técnico, protocolos específicos y atención meticulosa. Sin embargo, basta con pararse un par de horas en una central de abasto o seguir una pipa en la ciudad para ver las múltiples señales de alerta: choferes sin preparación, unidades en mal estado, operadores que desconocen rutas seguras o que manejan con exceso de velocidad para cumplir tiempos de entrega imposibles.
¿Quién capacita a estos operadores? ¿Qué certificaciones se exigen realmente? ¿Cuántas empresas invierten en simulacros reales de volcadura o derrame? ¿Cuántas se preparan para una situación como la que se vivió esta semana en Iztapalapa?
El mayor problema con la seguridad industrial no es el peligro en sí, sino la rutina que lo disfraza. Cuando las cosas “no pasan”, las empresas bajan la guardia. Y cuando ocurre un siniestro como este, todos fingen sorpresa. Pero el riesgo siempre estuvo ahí, latente. El gas LP sigue siendo transportado por miles de kilómetros en carreteras congestionadas, en ciudades con infraestructura vial limitada y bajo condiciones laborales que dejan mucho que desear.
En una economía donde el tiempo es dinero, se suele sacrificar la prevención en nombre de la eficiencia. Y entonces ocurre lo impensable: una pipa explota y cobra vidas inocentes. Y como siempre, llegamos tarde.
No basta con decir que hubo una “falla mecánica” o que “se investigará” a la empresa propietaria del autotanque. ¿Dónde están los protocolos públicos? ¿Dónde están los registros de mantenimiento? ¿Qué supervisión hacen las autoridades sobre las condiciones del parque vehicular del sector? ¿Cuántas auditorías reales existen sobre la cadena de suministro del gas LP?
Hablar de protocolos sin capacidad de respuesta es como tener un extintor sin carga: inútil. La explosión de Iztapalapa no fue sólo una tragedia; fue una radiografía dolorosa de lo que no se ha hecho. Y eso tiene responsables.
Este sector no puede seguir funcionando con los mismos estándares de hace 30 años. Se necesita una reforma operativa.
Detrás de cada cifra hay una vida rota, una familia desgarrada. Esta tragedia debería marcar un antes y un después. No por la cifra de muertos, sino por lo que representa: un sistema que ha fallado en protegernos. Y si no corregimos ahora, lo lamentaremos otra vez, en otro puente, en otra ciudad, con otros nombres y las mismas lágrimas.
