El gobierno federal analiza fijar un precio máximo al diésel para contener la inflación, replicando el modelo de la gasolina regular, con posibles impactos fiscales.
El gobierno federal a través de la Secretaría de Energía (SENER) evalúa establecer un precio tope para el diésel, siguiendo el modelo aplicado a la gasolina regular desde febrero pasado, cuando se fijó un precio máximo de 24 pesos por litro. La medida busca mitigar el impacto inflacionario derivado del alza en combustibles, especialmente en sectores productivos donde el diésel es fundamental para el transporte de mercancías.
Según fuentes cercanas a la discusión, el diésel representa un insumo clave para la movilidad logística y su encarecimiento tiene efectos directos sobre toda la cadena productiva. Aunque aún no existe un documento oficial, la propuesta contempla la posibilidad de fijar no solo un precio máximo, sino un margen de precios (mínimo y máximo) que permita mayor flexibilidad sin distorsionar el mercado.
Expertos del sector, advierten que establecer un tope de precio para el diésel podría tener efectos colaterales, como incentivar el mercado negro (huachicol) si no se define adecuadamente una banda de precios. Además, podría afectar la competencia en el mercado, ya que Pemex, al ser una empresa pública con misión social, podría sostener precios bajos mediante subsidios, a diferencia de los comercializadores privados.
El impacto fiscal también es un factor relevante. Para mantener precios topados, Pemex tendría que reducir sus márgenes o recibir apoyo presupuestal, afectando sus ingresos por venta de combustibles. Esta política, aunque podría generar un alivio temporal en costos logísticos, también representa un reto financiero.
La decisión final dependerá del comportamiento de los precios internacionales, la inflación interna y la capacidad del Estado para financiar un posible subsidio adicional. El transporte de carga —pilar de la economía mexicana— está en el centro del debate.








