Entre 2019 y 2025, Pemex registró 178 denuncias por delitos en altamar. Sin estrategias claras, su infraestructura enfrenta robos, incendios y violencia.
Entre 2019 y febrero de 2025, al menos 178 denuncias por delitos en plataformas y embarcaciones de Pemex han sido registradas oficialmente, revelando un panorama crítico de seguridad en altamar. La pérdida económica supera los 218 millones de pesos, siendo el robo el delito más recurrente, con 86 eventos registrados, seguido de fugas, incendios, agresiones físicas y casos de acoso sexual. Pese a la gravedad, la empresa carece de registros consolidados, no tiene protocolos públicos de prevención, ni evidencia de acciones institucionales claras.
La Dirección Jurídica de Pemex proporcionó cifras parciales, mientras que la Subdirección de Salvaguardia Estratégica se declaró incompetente, evidenciando una alarmante fragmentación interna. La base de datos interna conocida como RECIO no fue puesta a disposición pública, en aparente violación del artículo 70 de la Ley General de Transparencia.
Dos Bocas (Tabasco) y Ciudad del Carmen (Campeche) concentran la mayoría de los incidentes. Ciudad del Carmen, en particular, superó en número de casos desde 2022, aunque con pérdidas económicas menores. Sin embargo, desde 2023 han aumentado los hechos violentos no económicos, incluyendo agresiones y amenazas.
A pesar de las cifras, Pemex no reportó detenciones, operativos ni sentencias. También se negó a entregar evidencia de análisis de riesgo, planes de reacción o mapas delictivos. La normalización de estos eventos —algunos tan graves como violaciones y sobornos— plantea un desafío estructural no solo a la seguridad operativa, sino a la integridad institucional de la petrolera estatal.
La respuesta institucional ha sido el silencio, la dispersión de responsabilidades y la ausencia de rendición de cuentas, dejando a Pemex, y al país, expuestos a un riesgo energético, ambiental y humano de gran escala.
