Investigación revela posible extorsión del gobierno mexicano a empresarios gasolineros para financiar campañas políticas, a pesar de denuncias anteriores.
El gobierno mexicano está presuntamente involucrado en un esquema de extorsión a empresarios del sector de gasolina y gas LP, según una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con la investigación, estas prácticas continúan, ya que fueron denunciadas públicamente en 2023 por el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, parece que continúan ocurriendo.
Según la investigación liderada por Verónica Ayala de MCCI, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), habría estado exigiendo pagos mensuales a los propietarios de estaciones de gasolina y distribuidores de gas doméstico, que oscilarían entre los 13 mil y 35 mil pesos, bajo la amenaza de clausura en caso de negarse a pagar. Testimonios recopilados indican que miles de empresarios fueron obligados a pagar estas cuotas para evitar sanciones.
MCCI también ha publicado evidencia fotográfica que supuestamente muestra sobornos entregados a funcionarios de la Profeco en forma de fajos de billetes de 100 y 500 pesos. Según la investigación, parte de estos fondos se destinarían al pago de consultores contratados por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y para financiar campañas políticas.
El ex secretario de Gobernación mencionó en una entrevista que un grupo de empresarios de gasolina le informó sobre este esquema de extorsión, donde afirmaban que la mayoría de las estaciones de servicio en el país estaban pagando sumas mensuales como parte de lo que llamaban “la vacuna”. Estimó que estas extorsiones podrían haber alcanzado los 3 mil millones de pesos y señaló que coincidieron con el inicio de la actual administración.
Ricardo Sheffield Padilla, quien era el titular de Profeco en ese momento, dejó su cargo para buscar la candidatura a la gubernatura del estado de Guanajuato por Morena, siendo reemplazado por David Aguilar Romero. Aunque el ex secretario López afirmó que se investigaron y castigaron a los responsables, dejó abierta la posibilidad de que el esquema de extorsión continuara.
La Profeco, como organismo público, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los precios y condiciones acordados entre proveedores y consumidores, así como garantizar que se respeten los precios máximos establecidos por la ley. Sin embargo, parece haberse visto implicada en prácticas corruptas que van en contra de su deber de proteger a los consumidores y mantener la integridad en el mercado.
