México hoy corre el riesgo de regresar a los antiguos modelos de gestión aletargados e insensibles que para nada estuvieron justificados en la intención de crear valor público, sino únicamente, en el acrecentamiento de un capital político por medio de políticas públicas sacadas de alguna canción de Silvio Rodríguez.
Muchas han sido las voces que desde el inicio de la presente administración han gritado con fuerza que las políticas del primer mandatario están fuertemente impregnadas de un tufillo que no se sentía desde la época de la administración de la abundancia y la defensa canina del peso frente al dólar hechas por el presidente José López Portillo hace casi 40 años.
Para ubicarnos en el contexto, en aquel tiempo existía una tradición administrativa que veía el acto de gobernar solo como la operación de una estructura burocrática excesivamente obesa.
Tan es así, que nuestro país tenía cerca de 1,150 empresas públicas que atendían a casi todas las ramas de la economía: acereras, minas, bancos, astilleros, aerolíneas, cementeras, tiendas de abasto popular, ferrocarrileras, carreteras, satélites, industria petroquímica, de telecomunicaciones, gas y hasta una fábrica de bicicletas.
Propuesta ineficaz y anticompetitiva
Para dimensionar la magnitud de la intervención que el Estado tenía sobre la economía, hasta hoy existe la creencia popular que su dominio incluso abarcaba a no pocas formas de esparcimiento masculino moralmente cuestionables.
Volviendo al presente, México hoy corre el riesgo de regresar a los antiguos modelos de gestión aletargados e insensibles que para nada estuvieron justificados en la intención de crear valor público, sino únicamente, en el acrecentamiento de un capital político por medio de políticas públicas sacadas de alguna canción de Silvio Rodríguez.
Como ejemplo de esto, tenemos el reciente anuncio de la creación de la paraestatal “Gas Bienestar”, que es para los ojos de muchos, entre ellos, la Coparmex, una propuesta ineficaz y anticompetitiva que para nada resuelve el problema de fondo porque, entre otros asegunes, viola el principio de igualdad que todavía debería regir a todos los participantes del sector energético porque le brinda a Petróleos Mexicanos (Pemex) ventajas competitivas exclusivas e indebidas frente a los demás participantes del mercado que comercializan gas LP y están legalmente establecidos en México.
Todo por precios justos…
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también señaló en días pasados que para evitar el alza de precios a los consumidores derivados de las variaciones los precios internacionales de gas el gobierno tendrá que valerse de los subsidios para mantener los pretendidos “precios justos”.
Debemos entender que el problema que le dio origen a la nueva paraestatal es que el presidente está plenamente convencido que para menguar el poder que unas cuantas empresas tienen en el mercado de gas LP el gobierno debe recorrer las calles y entregar cilindros casa por casa a precios sustancialmente más bajos que los establecidos en el mercado para así eliminar a los competidores privados.
Esto significa que en el afán de garantizar el gas a “precio justo”, la nueva empresa representará un severo impacto en las finanzas nacionales, y además, atentará contra la competencia al imponer un precio máximo de venta del hidrocarburo.
¿Un buen negocio para los consumidores?
En México, el mercado del gas LP se caracteriza por estar concentrado en pocas empresas. Sin embargo, la interrogante flota sobre cómo engordando a la burocracia con otra empresa estatal y eliminando a la competencia su plan puede ser un buen negocio para los consumidores.
“Vamos a competir. ¿Qué quieren? ¿La libertad del zorro en el gallinero? Esa ya no hay. Ese ya no… no vamos a dejar en estado de indefensión a la gente…” señaló el presidente en su habitual conferencia “mañanera”.
En los planes presidenciales la nueva empresa entrará en operaciones en apenas tres meses y además será administrada por Pemex y su distribución custodiada por la Guardia Nacional, dado que el mercado del gas LP es el más expuesto a la delincuencia organizada por el robo de pipas y el “gaschicol”.
Otro fracaso de la 4T en puerta
Con todo esto, el proyecto a nivel nacional pinta para ser un fracaso –quizás regionalmente pueda cumplir la meta de eliminar oligopolios locales– por factores que van desde la premura del tiempo hasta por sus objetivos meramente políticos, ya que las pruebas piloto de la nueva empresa tendrán lugar en los bastiones del partido marrón: Ciudad de México y el estado de Tabasco.
En el pasado, tanto el presidente Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto ya fracasaron en sus intentos por romper el oligopolio predominante en el mercado de gas LP.
En el primer caso, porque las inversiones para ingresar al mercado eran tremendamente elevadas; y en el segundo, por la contrariedad discursiva que representaba crear una empresa estatal en medio de un escenario de apertura económica del sector energético.
Un juego donde todos pierden
Con todo esto, “Gas Bienestar” es una vuelta al pasado en la que sin duda perderán todos: los privados, las finanzas públicas, y para rematar, los consumidores.
Desgraciadamente, una vez más, el presidente sigue sin quedar claro el sentido de la supuesta solución al problema.
