Por: Raúl Martiarena
Empresarios y directivos de la industria energética pidieron a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador mayor transparencia en los mecanismos de regulación y una política pública clara en la producción y almacenamiento de los hidrocarburos.
Durante los trabajos del Encuentro Internacional de Energía México 2019, los participantes del panel: Producción y almacenamiento de gas natural, el siguiente reto energético, David Rosales, socio de Midstream de Talanza Energy; Daniel Rodríguez, editor senior para México Fuel Markets en OPIS, y Meney de la Peza, economista independiente, coincidieron en señalar que el país necesita de un marco regulatorio que dé certidumbre jurídica a los inversionistas para detonar proyectos de exploración de gas natural, y en consecuencia, desarrollar también planes para mejorar la logística, transporte y almacenamiento de este hidrocarburo.
David Rosales, socio de Midstream de Talanza Energy, consideró necesario desarrollar proyectos detonadores de desarrollo de infraestructura en aquellos estados, como los del sureste mexicano, que carecen de abastecimiento de gas no solo para la industria, sino para la sociedad en general.
En el Plan Nacional de Desarrollo, precisó, no se contemplan inversiones para este sector, “por lo que es necesario certidumbre jurídica, en este momento no se pueden cambiar las condiciones de los contratos generados a partir de la Reforma Energética”.
La industria, añadió, requiere de seguridad energética, planificación de cada uno de los proyectos a desarrollar y definir el tipo de concesiones que se otorgarán para detonar los planes de inversión.
El gas natural, agregó, es un elemento importante y adicional para la actividad industrial, “es una parte importante del desarrollo en el país”.
No obstante, consideró que México está en un punto en el que tiene dificultad para saber hacia dónde se avanza, tanto en el almacenamiento de gas natural como en otros temas del sector energético.
Aclaró que “el almacenamiento no es un fin, sino que es una estrategia. Vinimos de un modelo en el cual Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía la obligación de garantizar el suministro, el Estado daba certidumbre al país a través de su empresa nacional, la migración se hace en el cambio de régimen que nos llevó a contar con una visión de mercado la cual buscaba seguridad energética a través de múltiples fuentes, entre ellas, la opción de almacenamiento, la nueva producción a través de las rondas energéticas con la participación del Estado donde éste quisiera hacerlo, pero ya no como un garante en sí mismo, sino a través de generar las condiciones necesarias para su desarrollo”.
Durante su participación en el encuentro, Meney de la Peza, economista independiente, recomendó que el gobierno federal esté como accionista en el sector de la extracción del gas, toda vez que esta industria requiere de inversiones para desarrollar proyectos de infraestructura que fortalezcan el crecimiento económico del país.
“México ha cambiado, ya no es el mismo, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex desarrollaron los ductos y la infraestructura en todo el territorio nacional, ya existen los mecanismos legales con los cuales la iniciativa privada pueda caminar de la mano con las empresas productivas subsidiarias del Estado.
Es importante, dijo, conocer el plan quinquenal del Centro Nacional de Control de Gas Natural para saber si hay una política pública para este sector.
En su intervención, Daniel Rodríguez, editor senior para Fuel Markets México en OPIS, advirtió que un cambio en las condiciones de los contratos implicará incrementos en los costos.
Por ello, consideró necesario conocer el plan de trabajo de la actual administración para saber cuál será la ruta de una política pública en el sector energético que contribuya al desarrollo y crecimiento de México.
México, agregó, tiene muchos retos para los próximos seis años, entre ellos, detonar el mercado de gas natural en el país.
En ese mismo sentido, los participantes del panel plantearon, además, que la presente administración deberá de afrontar grandes retos, entre ellos: retomar los mecanismos legales para la producción de gas natural, dar certeza jurídica a la iniciativa privada en el desarrollo de infraestructura, atender el abasto de gas natural en aquellas regiones que no cuentan con el hidrocarburo y que puede desarrollarse con la partición de los privados, así como brindar certeza al papel que jugarán los actores en el mercado nacional.
