El sector privado a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mostró su preocupación por la situación en torno a los procesos de arbitraje iniciados de manera unilateral por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre cláusulas de los contratos de servicios de transporte de gas natural con empresas privadas.
De acuerdo a la organización, esta acciones pudiera afectar la puesta en operación del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan, que permitiría llevar el energético a la zona sur-sureste de la República Mexicana.
“Este hecho incrementa la incertidumbre en torno a las inversiones en nuestro país e impacta negativamente a la economía” aseguró el CCE en un comunicado.
En opinión de los empresarios la decisión de detener la puesta en funcionamiento del gasoducto y el inicio del arbitraje, impactan a México, Estados Unidos y Canadá, al tener inversión conjunta en la infraestructura. Estos hechos afectan la relación comercial entre los tres países e inciden en el proceso de aprobación del T-MEC que transcurre actualmente.
“En el ámbito nacional, la construcción del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan responde a la necesidad de llevar el energético a los estados donde más se requiere, como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para impulsar su desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de las comunidades”.
Asimismo, el gas natural es fundamental para la generación eléctrica. Especialmente en el contexto actual de la Península de Yucatán, el contar con este energético permitiría a las centrales de generación de electricidad propiedad de la CFE operar con mayor capacidad y garantizar el suministro para la población. Además, permitiría satisfacer las necesidades futuras de la industria nacional de la petroquímica, el turismo y el sector hotelero, por mencionar algunos.
“Obras de infraestructura de esta magnitud no deberían frenarse por diferencias contractuales, en tanto se dirimen en las instancias correspondientes. Esto generaría profunda preocupación entre los inversionistas al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo de los proyectos que se requieren para garantizar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar del país y de los mexicanos”.
El CCE asegura que estas acciones van en contra del compromiso que el organismo realizó con el presidente Andrés Manuel López Obrador para fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, en el que el sector privado se comprometió a aumentar sus inversiones y el gobierno a facilitarlas.
