Por: Diego Montaño Apodaca
La tercera semana de octubre ha sido una semana llena de cuestionamientos sobre las políticas publicas que se pretenden ejercer en materia energética en el siguiente mandato. Una semana, en la que la inquietud en los precios energéticos de acuerdo con (BANXICO) y la discordancia con propuestas pasadas que el presidente electo ofrece en sus giras, nos demuestran la inestabilidad que padece actualmente el sector en aspectos económicos y administrativos.
El primer cuestionamiento, fue la propuesta que AMLO declaró durante su gira en Tabasco, indicando que ya no se iba exportar petróleo a mediano plazo a fin de privilegiar la demanda interna. En respuesta, diversos especialistas, entre ellos la agencia de calificación crediticia (Moody`s), señalaron que México podría perder ingresos por el valor del 2% de su PIB con esta medida.
El segundo, fue el aviso que emitió respecto a los 107 contratos petroleros que ya no serian analizados, donde determinó que su gobierno no iba a licitar más proyectos hasta que estos dieran resultados. Dicha posición puede ser contraproducente, pues existen muchos interesados en seguir invirtiendo en nuestro país, además de que son proyectos a largo plazo y que se ejecutaran siempre y cuando exista certeza por parte de las autoridades para respetar lo establecido; brindando un ambiente favorable en las metas y mercado que se pretende explotar.
El tercero, fue la insistencia que sostuvo en contra del fracking durante su gira por Coahuila. Este asunto es habitual entre sus propuestas, pero en está ocasión, se presentó en un contexto diferente, ya que en el sureste del país hay un desabasto de gas por parte de PEMEX, derivado de la ausencia del energético; un enorme problema, que afecta principalmente a las industrias y que impacta considerablemente en la economía de la región.
El ultimo cuestionamiento, si bien no es una propuesta meramente de el, sino una propuesta legislativa de MORENA, es sin duda un indicador que advierte sobre la posible concentración de poder y facultades que el ejecutivo pretende asumir en el sector; pues se pretende incorporar a la SENER mediante una reforma a los órganos reguladores coordinados en materia energética (CRE Y CNH).
Para reconocer la gravedad de esto, es esencial entender la importancia y naturaleza jurídica de los órganos reguladores, ya que son parte de la administración pública centralizada, gozando de autonomía técnica, operativa y de gestión, y que se integran por un órgano de gobierno que debe ser renovado por periodos escalonados, justamente para garantizar el funcionamiento de la política energética durante transiciones gubernamentales.
Desde que se promulgo la reforma energética, se pretendió que el Sector Energético funcionara bajo un esquema “independiente” para el rendimiento de este, pues se sabia que las competencias desde el ejecutivo tenían que ser totalmente delegadas, debido a que se trataba de un sector que por su naturaleza e importancia debía gozar de una coordinación entre diversas áreas técnicas y administrativas para su productividad.
Sin duda, fue una semana llena de interrogaciones respecto a la ruta que se pretende tomar en la próxima administración. Esperemos que, una vez asumido el poder, se incentive esta área estratégica para bien de la economía mexicana; pues hasta ahora, agencias calificadoras como “Fitch Ratings” ven un panorama inestable en PEMEX. Además, que en caso de concretarse la incorporación de la CRE Y CNH a la SENER, se suscita a crear incertidumbre en las perspectivas que se tienen en el actual esquema energético, que buscan hacer de México una potencia en el ramo.
