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Declaraciones de apertura en Estados Unidos, mientras se congelan permisos en la CRE y se “condiciona” participación de iniciativa privada.
Juan Carlos Machorro, socio a cargo de la práctica transaccional de la firma Santamarina y Steta, señaló que de nada sirven los discursos y anuncios de inversiones en ausencia de certeza jurídica para las inversiones.
Las asonadas declarativas de condicionamiento a la aprobación de SENER y la participación de CFE como accionista de proyectos solares carecen de fundamento constitucional, legal y serían violatorias del régimen de Estado de Derecho y de acuerdos comerciales internacionales. Lo anterior, en adición a la narrativa constante en contra del régimen de abastecimiento.
Aunado a lo anterior, el sector padece una política constante y destructiva, por silente y omisiva, de congelación de permisos y trámites en lo que se ha convertido en una agencia a las órdenes de las políticas y los deseos de la administración en turno.
“Sin reglas claras no hay inversiones. Reglas claras, inversiones largas. Los proyectos son de largo plazo y requieren de certeza en las reglas del juego, pero también de respeto en su aplicación. Lo contrario trastoca derechos adquiridos y se acerca a un concepto de expropiación indirecta al amparo de acuerdos comerciales internacionales. Se anuncian inversiones en el sector desde la gira en EUA pero se condicionan de este lado de la frontera a la participación de CFE como accionista de los proyectos. Seguimos abonando a la incertidumbre y a la sinrazón jurídica, y alentando el silencio administrativo que venimos padeciendo de los órganos reguladores en la gestión de trámites válidos, legales y legítimos atentando contra derechos adquiridos y contra las reglas del juego.”
“A la fecha están detenidos nuevos proyectos que podrían generar empleo y bienestar a los mexicanos, abonar a la transición energética y regresar a un ambiente de respeto a las reglas y certeza legal”, dijo.
El especialista explicó que en relación con el esquema de autoabastecimiento “esta es una figura es una figura legal, vigente desde hace décadas, que ha venido utilizándose exitosa y legítimamente, entregando energía limpia a medianas y grandes empresas a lo largo del territorio nacional”.
Además, planteó las consecuencias graves, en caso de que la política gubernamental sobrepase la ley y llegue a un escenario utópico de revocación de estos permisos, con impacto en escasez de energía, aumento de tarifas, impacto social, en el empleo, en el sistema financiero y en la reputación del país.
1) ¿Existe energía suficiente para suministrar a estas empresas fuera de las plantas que actualmente operan los permisos de auto abasto?, ¿existe energía limpia para que las empresas cumplan con compromiso adquiridos en materia de cambio climático y protección al ambiente?, ¿sería factible mantener las tarifas que actualmente pagan por este insumo los socios autoabastecidos?, ¿es sensato elevar estos costos en un escenario de contención inflacionaria?
2) Además de los socios autoabastecidos, existen comunidades enteras, muchas de ellas comunidades indígenas, que subsisten a partir de la operación de estos activos y cuentan con derechos adquiridos legalmente frente a los operadores de estos activos.
3) En términos de mano de obra, se cuentan por decenas de miles los empleosasociados en forma directa a la operación de estas plantas.
4) Por otra parte, la estructura esencial de estos proyectos requiere que una parte muy importante sea financiada por la banca (comercial y paraestatal) y los mercados de deuda. En este sentido, los financiadores de los proyectos estarían expuestos a quebrantos financieros considerables, siendo importante destacar además que la banca paraestatal de nuestro país cuenta activos en sus balances asociados a la financiación de estas plantas, que ascienden a miles de millones de pesos.
5) Finalmente, resulta imposible dejar de lado el riesgo reputacional y de reparación de daños a que podría enfrentarse el gobierno al amparo de acuerdos y tratados comerciales internacionales que claramente protegen estas inversiones.
Juan Carlos Machorro finalizó diciendo que vale la pena abrir espacios de comunicación y diálogo sensato que permitan encontrar puntos de acuerdo, con bases científicas y tecnológicas, sin carga política. Alternativas existen.“Busquemos y encontremos la voluntad de conocerlas”, concluyó.
