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La Coparmex teme que el gobierno federal tome la rectoría del sector energético a costa de las empresas privadas.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría todavía maniobrar para que el Estado tome la rectoría del sector energético, a costa de las inversiones privadas.
La Coparmex afirmó qué hay inquietud entre los empresarios porque el gobierno federal puede impulsar mecanismos para “impedir la operación de los generadores privados” y porque se “obstaculice la libre competencia”, por lo que hicieron un llamado a respetar la ley.
“Nos preocupa que una vez desechada la reforma eléctrica, se pretendan seguir impulsando maniobras desde el gobierno para impedir la operación de los generadores privados y se obstaculice la libre competencia, todo ello en perjuicio de los mexicanos. Hacemos un llamado a que se respete la ley”, expresó José Medina Mora, presidente de la Coparmex.
Los comentarios del líder de la Coparmex surgieron después de que en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma eléctrica de López Obrador no consiguió ser aprobada este domingo por una mayoría calificada de 333 votos de los legisladores.
“Reiteramos el llamado de Coparmex para que, a partir del diálogo, no se reforme la Constitución, sino que se impulsen mejoras que son viables a través de las leyes secundarias”, dijo la organización en un comunicado.
“Para ello se requiere visión de largo plazo, donde se tenga una CFE fortalecida, un país con energías limpias; donde se respete el Estado de Derecho, se mejore el servicio a la sociedad, se respeten los acuerdos internacionales, se fomente la inversión para así contar con suficiente energía para el crecimiento que requiere el país”.
La organización reconoció el trabajo de los Diputados que votaron en contra de la Reforma Constitucional en materia Eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal, la cual iba en contra de la economía de las familias, el medio ambiente, la libre competencia, el cumplimiento de los tratados internacionales contraídos por México en materia económica y ambiental, y que causó una enorme incertidumbre jurídica a las inversiones.
