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Estas prácticas ocasionan una pérdida económica de 13 mil millones de pesos anuales a Pemex.
Las actividades ilícitas vinculadas a la sustracción, transporte, almacenamiento y comercialización de Gas LP distorsionan los mercados y violentan derechos, pues en las entidades donde persisten reinan las amenazas, extorsiones, secuestros, robos, clonación de equipos de reparto y cierre de rutas legales para la distribución de este combustible.
En este contexto, la senadora Indira Rosales San Román, de Acción Nacional, hizo un llamado al Poder Ejecutivo Federal para que, a través del Gabinete de Seguridad y las autoridades competentes, ponga en marcha un plan de acción de combate a estos delitos.
En un punto de acuerdo que fue turnado directamente a la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que la perforación y robo de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos, así como la sustracción ilegal en sus refinerías y centros procesadores de gas, ocasionan una pérdida económica de 13 mil millones de pesos cada año.
Además, generan graves riesgos de seguridad, por lo que continuamente se suspenden operaciones del ducto principal, infraestructura base para garantizar el abasto oportuno a la población.
La senadora subrayó que con estos ilícitos tampoco se garantiza el respeto al Estado de Derecho, indispensable para la seguridad, bienestar y desarrollo de los mexicanos; se dejan de percibir ingresos importantes para el adecuado funcionamiento del Estado, como IVA e ISR, entre otros ingresos de pago de derechos y costos regulatorios.
Rosales San Román también dijo que se pierden inversiones indispensables para desarrollar la infraestructura estratégica de largo plazo que requiere México para garantizar el abasto energético, fomentar el crecimiento, desarrollo y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.
En el documento que se publicó en la Gaceta Parlamentaria del pasado 10 de diciembre, la legisladora subrayó la necesidad de establecer mesas de trabajo y acciones conjuntan para atender esta situación entre las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
Además, se requiere la colaboración de la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, Petróleos Mexicanos y Protección Civil Federal.
Recordó que, tanto en años anteriores como en 2019, el robo de Gas LP a ductos y refinerías de Pemex y su distribución ilícita en los principales mercados de consumo tuvo un fuerte incremento, particularmente en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.
Según estimaciones derivadas de denuncias de permisionarios, en 2020 no existe disminución de esta actividad ilícita, “porque no se han implementado estrategias y acciones de alto impacto para contrarrestar este grave problema social y económico que ocurre a diario”, puntualizó la legisladora.
