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La UNTyPP acusa presiones para reducir hasta nueve niveles laborales; Pemex sostiene que realiza una reestructuración.
Trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) denunciaron presuntas presiones para aceptar reducciones de nivel laboral que, según su representación sindical, podrían significar recortes de más de la mitad de sus ingresos. La petrolera rechazó las acusaciones y aseguró que sus procesos de reestructuración no implican despidos masivos ni reducciones de tabuladores salariales.
La denuncia fue difundida por la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), mediante un comunicado firmado por José Luis Noriega Medina, secretario general del Comité Ejecutivo de la Sección 11.
El organismo señaló que las medidas afectarían a ingenieros, médicos y especialistas técnicos, principalmente en centros de trabajo de Tamaulipas y oficinas centrales de Ciudad de México.
Sindicato acusa presiones para firmar bajas de nivel
De acuerdo con la UNTyPP, personal de la Dirección de Administración de Pemex estaría solicitando a trabajadores firmar documentos para aceptar reducciones de hasta nueve niveles jerárquicos, bajo la presunta amenaza de rescisión laboral inmediata.
El sindicato sostuvo que estas acciones se presentan como parte de una reorganización administrativa, pero cuestionó sus consecuencias para el personal especializado.
“Lo que la empresa maquilla bajo conceptos de ‘optimización administrativa’ y ‘eliminación de niveles innecesarios’, es en realidad una campaña de coacción”.
La organización también denunció presuntos despidos injustificados de empleados con 20, 30 y hasta 35 años de antigüedad, situación que, según su postura, podría afectar sus derechos de jubilación.
Estas afirmaciones corresponden a señalamientos sindicales y no constituyen hechos acreditados mediante resoluciones laborales o documentación individual presentada en el material consultado.
Pemex rechaza despidos masivos y reducción de salarios
En respuesta a las denuncias, Pemex difundió un comunicado en el que negó las versiones sobre bajas masivas y modificaciones generalizadas a los salarios.
“Son falsas las versiones sobre bajas masivas de personal y la reducción de los tabuladores salariales”.
La empresa explicó que realiza procesos de evaluación del desempeño y reestructuración organizacional, con el propósito de eliminar duplicidades de funciones, revisar niveles jerárquicos y mejorar su eficiencia operativa.
Según la petrolera, estas acciones forman parte de su fortalecimiento institucional y no ponen en riesgo sus capacidades técnicas y operativas.
De esta manera, Pemex y la UNTyPP mantienen posiciones contrapuestas sobre el alcance de las medidas administrativas y sus posibles efectos laborales.
Tamaulipas, entre las regiones señaladas
La organización sindical identificó a Tamaulipas como una de las regiones donde se habrían presentado casos de trabajadores presionados para aceptar cambios en sus condiciones laborales.
También cuestionó el argumento atribuido a la empresa de que las bajas representarían únicamente 0.21% de su plantilla, al considerar que ese porcentaje no reflejaría el impacto en áreas técnicas ni entre empleados de mayor antigüedad.
La cifra de 0.21% aparece en el comunicado sindical citado y no fue corroborada de manera independiente.
Para la UNTyPP, el problema no se limita al número de plazas, sino a las posibles consecuencias salariales y laborales para profesionistas que desempeñan funciones operativas.
UNTyPP solicita intervención y mesa de diálogo
Ante este escenario, el sindicato exigió detener las presuntas reducciones arbitrarias de niveles salariales y establecer una mesa formal de trabajo ante la Secretaría de Energía.
La organización también pidió a los trabajadores documentar posibles actos de presión y buscar acompañamiento jurídico colectivo.
La controversia ocurre mientras Pemex sostiene que sus ajustes administrativos buscan fortalecer su funcionamiento. Por su parte, la UNTyPP insiste en que las medidas denunciadas vulneran los derechos del personal técnico.
El punto central del conflicto es determinar si la reestructuración modifica las condiciones laborales de los trabajadores y bajo qué mecanismos se están realizando los cambios. Hasta ahora, las versiones difundidas por ambas partes no permiten establecer cuántas personas han resultado afectadas ni confirmar de manera independiente las reducciones salariales denunciadas.
