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Empresas estadounidenses reportan inquietud por auditorías del SAT y cambios regulatorios en Pemex.
Las empresas estadounidenses que operan en México mantienen preocupaciones por las prácticas de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por los cambios regulatorios aplicados al sector energético, especificamente en Pemex, dos factores que han elevado la percepción de incertidumbre para algunos inversionistas.
La información atribuida a la Declaración sobre el Clima de Inversión en México de 2026, elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que México conserva características favorables para recibir capital, aunque persisten cuestionamientos en materia fiscal, regulatoria y energética.
Las preocupaciones no son completamente nuevas. En su reporte de 2024, el Departamento de Estado ya recogía señalamientos del sector privado sobre auditorías del SAT y retrasos en devoluciones de IVA, además de inquietudes por la certeza regulatoria y el acceso a energía.
Empresas señalan presión por auditorías del SAT
Según el documento estadounidense de 2026 citado en la información base, empresas de Estados Unidos reportaron durante 2025 mayor actividad de fiscalización, solicitudes de información consideradas costosas de atender, cancelaciones de certificados de sello digital y retrasos en devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El reporte señala que algunas multinacionales manufactureras continuaron enfrentando en 2026 retrasos de hasta seis meses en devoluciones, con montos pendientes que, en determinados casos, alcanzarían decenas de millones de dólares.
El antecedente viene de años atrás. El Departamento de Estado documentó en su informe de 2024 que, desde octubre de 2019, el SAT había realizado decenas de auditorías contra grandes empresas nacionales e internacionales.
Gobierno busca dar mayor certeza fiscal
En este contexto, la Secretaría de Hacienda publicó el Acuerdo 68/2026, denominado “Acuerdo por el que se emiten criterios generales y lineamientos operativos de carácter orientador para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal”.
El documento oficial establece como objetivos fortalecer la certeza jurídica, la confianza y la eficiencia en la relación entre autoridades fiscales y contribuyentes.
Sin embargo, existe una precisión relevante: los propios lineamientos establecen que tienen carácter orientador y programático y que no representan una limitación, renuncia o modificación de las facultades legales de las autoridades fiscales.
Pemex y el nuevo modelo energético generan inquietud
La reforma constitucional publicada el 31 de octubre de 2024 modificó la naturaleza jurídica de Pemex y CFE, que dejaron de ser denominadas empresas productivas del Estado para convertirse en empresas públicas del Estado.
El nuevo diseño busca fortalecer el papel estatal en áreas estratégicas y mantiene espacios de participación privada bajo nuevas condiciones.
De acuerdo con el informe estadounidense citado, esta reorganización ha generado preocupación entre compañías privadas por las condiciones de competencia y el papel preferente de las empresas estatales.
El documento también identifica como factor de riesgo la situación financiera de Pemex y menciona los acuerdos voluntarios establecidos entre el Gobierno y empresarios gasolineros para contener los precios de los combustibles.
