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La iniciativa plantea revisar adquisiciones extranjeras en energía, IA, semiconductores, datos y otros sectores estratégicos.
Las reglas para determinadas inversiones extranjeras en México podrían cambiar de manera importante si el Congreso aprueba la iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera presentada por el Ejecutivo federal.
La propuesta busca establecer un procedimiento específico para revisar ciertas adquisiciones de sociedades mexicanas cuando puedan estar relacionadas con sectores considerados sensibles para la seguridad nacional.
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, el proyecto crea un procedimiento especial para determinadas operaciones en las que la participación extranjera supere el 49% del capital social de una empresa mexicana y, además, se rebase el monto de activos que posteriormente establezca la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).
¿Qué inversiones estarían bajo vigilancia?
La iniciativa contempla actividades relacionadas con infraestructura estratégica y sectores como energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, almacenamiento y tratamiento de datos, sistemas digitales, industria aeroespacial y defensa.
También incluye tecnologías críticas o de doble uso, entre ellas inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnología cuántica y biotecnología, así como determinados insumos fundamentales y el acceso a información sensible.
Omar Aguilar, socio de la firma Pérez Correa González, consideró que existe una alta probabilidad de que la propuesta avance, aunque advirtió que su alcance todavía puede cambiar durante el proceso legislativo.
Entre los elementos pendientes se encuentra precisamente el umbral de activos que determinará qué operaciones estarán obligadas a someterse al procedimiento.
CNIE podría bloquear o condicionar adquisiciones
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras adquiriría un papel central en el nuevo esquema.
El procedimiento tendría inicialmente un plazo de 60 días hábiles, con posibilidad de una ampliación de 30 días en determinados casos de complejidad. Durante la revisión, la autoridad también podría solicitar información adicional a las partes involucradas.
La resolución podría derivar en tres escenarios: autorizar la adquisición al no identificar riesgos para la seguridad nacional; permitirla bajo determinadas medidas de mitigación, o impedir la operación.
Esto obligaría tanto a las empresas mexicanas como a los inversionistas extranjeros a considerar la revisión regulatoria desde las primeras etapas de una adquisición.
Multas podrían llegar a 23.46 millones de pesos
La iniciativa plantea multas de 1,000 a 5,000 UMA para determinados actos que requieran resolución favorable de la CNIE y sean realizados sin contar previamente con ella.
Las sanciones podrían aumentar a entre 5,000 y 200,000 UMA cuando una sociedad mexicana transfiera una participación accionaria pese a una negativa de autorización o sin la resolución favorable correspondiente, así como ante incumplimientos de medidas de mitigación.
El valor diario de la UMA vigente desde febrero de 2026 es de 117.31 pesos, según el INEGI. Por ello, una sanción máxima de 200 mil UMA equivaldría actualmente a 23 millones 462 mil pesos.
La cifra deberá calcularse conforme al valor de la UMA aplicable cuando corresponda imponer una eventual sanción.
Empresas tendrían que prepararse antes de una adquisición
Para Aguilar, las empresas mexicanas y los inversionistas extranjeros tendrían que anticipar la preparación de información sobre beneficiarios finales, fuentes de financiamiento, activos críticos, flujos de datos y controles operativos.
El objetivo sería evitar retrasos y responder oportunamente a los requerimientos de la autoridad durante el procedimiento.
La reforma también acercaría a México a esquemas existentes en Estados Unidos y Canadá, donde determinadas inversiones extranjeras pueden ser revisadas por sus posibles implicaciones para la seguridad nacional.
El cambio supondría que una adquisición ya no tendría que evaluarse únicamente desde sus componentes financieros, comerciales y de competencia económica. En las operaciones alcanzadas por la nueva legislación entraría también en juego su eventual impacto sobre sectores estratégicos y la seguridad nacional.
Por ahora, el nuevo régimen no está vigente. Su alcance definitivo dependerá del proceso en el Congreso y, en caso de aprobación, de disposiciones posteriores de la CNIE, entre ellas la determinación del umbral de activos que activaría la revisión obligatoria.
