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El Gobierno de Sheinbaum analiza un fideicomiso para atraer inversión al gas natural, cuya explotación suele realizarse mediante fracking, y apoyar a Pemex sin modificar la propiedad estatal de los hidrocarburos.
El gobierno de Claudia Sheinbaum prepara un cambio en la estrategia energética para impulsar el desarrollo de los yacimientos de gas natural no convencional en México, cuya explotación suele realizarse mediante fractura hidráulica (fracking). La propuesta, actualmente en análisis, contempla la creación de un fideicomiso especializado que permita atraer inversión pública y privada sin modificar el régimen constitucional que reserva al Estado la propiedad de los hidrocarburos.
De acuerdo con documentos de trabajo y fuentes cercanas al proceso, el mecanismo busca resolver el elevado costo de su desarrollo, que supera la capacidad financiera tanto del Gobierno federal como de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La propuesta plantea que el fideicomiso funcione como un vehículo financiero encargado de administrar recursos, estructurar proyectos, ofrecer garantías a inversionistas y mantener separados los activos destinados a estas inversiones de la situación financiera de Pemex.
El objetivo es generar certeza jurídica y financiera para atraer capital sin transferir la propiedad de los hidrocarburos, la cual seguiría correspondiendo exclusivamente al Estado mexicano conforme al artículo 27 de la Constitución.
Además, el diseño contempla mecanismos de auditoría, transparencia y rendición de cuentas para supervisar el uso de los recursos y brindar confianza tanto a las autoridades como a los inversionistas.
Buscan reducir la dependencia de EU
La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la dependencia de México respecto al gas natural importado desde Estados Unidos.
Análisis elaborados para sustentar la nueva estrategia energética concluyen que la producción nacional continúa por debajo de la demanda interna, situación que ha colocado el fortalecimiento del gas natural como un tema de seguridad energética.
Sin embargo, desarrollar los yacimientos no convencionales requiere inversiones de miles de millones de dólares en perforación, infraestructura, transporte, tratamiento de agua, tecnología especializada y operación, recursos que difícilmente podrían obtenerse únicamente del presupuesto público.
Por ello, dentro del Gobierno ha cobrado fuerza la posibilidad de incorporar inversión privada bajo un modelo en el que el Estado conserve la rectoría del sector.
Un modelo distinto al de la reforma energética de 2013
Funcionarios involucrados en el análisis sostienen que el nuevo esquema busca diferenciarse de los instrumentos creados durante la reforma energética de 2013.
Según la propuesta, el fideicomiso tendría exclusivamente funciones de administración financiera, supervisión y estructuración de proyectos, sin otorgar derechos sobre los recursos naturales ni modificar el marco constitucional vigente.
Asimismo, podría recibir aportaciones públicas, privadas o mixtas, dependiendo de las características de cada proyecto.
Un debate político dentro y fuera de Morena
La eventual incorporación de capital privado representa uno de los temas más delicados para el Gobierno federal. Durante años, Morena cuestionó la apertura del sector energético impulsada en administraciones anteriores y defendió un mayor control del Estado sobre los hidrocarburos.
Aunque el Ejecutivo sostiene que el nuevo mecanismo no implica una privatización, la participación de inversionistas privados en proyectos estratégicos podría abrir un debate tanto al interior del oficialismo como entre las fuerzas de oposición.
En el Congreso, legisladores consultados consideran que, por ahora, no sería necesario promover reformas constitucionales adicionales, ya que la propuesta para prohibir constitucionalmente la explotación de gas no convencional no prosperó en la Legislatura pasada.
Entre quienes impulsan el análisis destaca el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha promovido alternativas para fortalecer la producción nacional mediante esquemas de financiamiento compatibles con la rectoría del Estado.
La decisión dependerá de estudios técnicos
Paralelamente, un comité de especialistas concluye la evaluación técnica, científica, económica y ambiental solicitada por el Ejecutivo para determinar la viabilidad del desarrollo de estos yacimientos a través del fracking. Especialistas consideran que, de concretarse el proyecto, empresas internacionales con experiencia en gas no convencional podrían participar gracias a su capacidad tecnológica y financiera.
No obstante, el Gobierno insiste en que cualquier inversión se realizaría bajo las reglas del marco jurídico mexicano y manteniendo la propiedad de los hidrocarburos en manos del Estado.
La creación del fideicomiso se perfila como la pieza central de la nueva estrategia energética. Su viabilidad no solo definirá el futuro del aprovechamiento del gas natural no convencional en México, sino también el modelo de colaboración entre el Estado y la iniciativa privada para los proyectos estratégicos del sector energético.
