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Un informe de la USTR alerta sobre pagos pendientes por parte de Pemex, así como barreras a la inversión, sobre todo en el sector energético.
La deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) con proveedores de Estados Unidos, que supera los 2 mil 500 millones de dólares, se ha convertido en un punto de preocupación para el gobierno estadounidense.
De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus sigla en inglés), empresas que abastecen al sector energético mexicano han enfrentado dificultades “sin precedentes” para recuperar pagos en los últimos dos años.
Aunque algunas compañías han recibido pagos parciales o totales, otras continúan reportando adeudos pendientes que en conjunto superan los 2,500 millones de dólares.
Empresas enfrentan obstáculos para operar
El informe también advierte que las empresas privadas, particularmente estadounidenses, enfrentan múltiples barreras para participar en el mercado energético mexicano.
Entre los principales problemas destacan:
- Retrasos frecuentes en trámites
- Rechazos sin justificación clara
- Falta de respuesta a solicitudes de permisos
Estos factores han limitado la capacidad de las compañías para operar o expandirse en el país.
Reformas energéticas bajo escrutinio
La USTR señaló que la reforma constitucional aprobada en octubre de 2024 ha restringido la participación del sector privado, al fortalecer el papel de empresas estatales como Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex.
Además, cambios legales posteriores han favorecido a estas empresas en proyectos mixtos, elevando los costos operativos para compañías privadas.
Mayor control del Estado en el sector
Otro de los puntos señalados es la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, sustituida por la Comisión Nacional de Energía bajo la supervisión de la Secretaría de Energía.
Para la USTR, este cambio implica una mayor centralización en la toma de decisiones dentro del sector energético mexicano.
Preocupación por inversión extranjera
El organismo estadounidense considera que el fortalecimiento de Pemex y la CFE como empresas públicas representa una barrera para la inversión extranjera.
Desde 2018, señala el informe, México ha impulsado medidas que culminaron en la reforma constitucional de 2024, la cual redefinió el papel de estas empresas para limitar la participación privada.
Este entorno, advierte la USTR, podría afectar el atractivo del país como destino de inversión en el sector energético.
