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Grupo Carso ha consolidado su presencia en proyectos energéticos clave desde 2018, generando dudas sobre si su expansión responde a capacidad técnica o cercanía con el poder.
Desde que Morena llegó al poder en 2018, Grupo Carso no solo expandió su presencia en el sector energético. Se volvió un actor recurrente en algunos de los proyectos más estratégicos del Estado mexicano.
Dos Bocas, Ixachi, Lakach, Zama, Macavil, gasoductos ligados a la CFE y otros desarrollos clave muestran un patrón difícil de ignorar: cada vez que el gobierno impulsa una obra energética prioritaria, el conglomerado de Carlos Slim aparece, de una u otra forma, dentro del mapa de contratistas, socios o participantes relevantes.
En un sexenio que reivindicó la soberanía energética, fortaleció el papel del Estado y concentró buena parte de la inversión pública en proyectos emblemáticos, Carso consiguió posicionarse como uno de los grupos empresariales mejor colocados para capitalizar esa estrategia. No se trata únicamente de una participación aislada en contratos específicos, sino de una presencia constante en obras que definen la política energética del país.
Los números ayudan a explicar por qué esta historia merece atención. En 2018, la división energética de Grupo Carso representaba una porción relativamente acotada de sus utilidades. Para 2023, su peso se había multiplicado de forma significativa y ya se había convertido en uno de los negocios más rentables del conglomerado.
En2025, mientras otras áreas del grupo enfrentaban presiones, el negocio energético volvió a funcionar como un amortiguador financiero. En ese tenor, la energía dejó de ser una línea complementaria para transformarse en uno de los ejes de rentabilidad del corporativo.
Dicha expansión coincide con el avance de Carso en una ruta muy específica: entrar, una y otra vez a proyectos donde el gobierno federal tiene interés político, presupuestal y estratégico. En Dos Bocas, por ejemplo, el grupo participó a través de Operadora CICSA en suministros y fabricación de equipos.
En los gasoductos Waha-Presidio y Waha-San Elizario consolidó una posición de largo plazo con la CFE. Más tarde vino el fortalecimiento en exploración y producción con Ichalkil-Pokoch y la ampliación de su participación en Talos Energy México, un movimiento que lo acercó aún más al desarrollo de Zama, uno de los activos petroleros más importantes del Golfo de México.
¿Fortaleza técnica o preferencia política?
Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, la presencia de Slim en el sector no solo se mantiene, sino que se profundiza. Los proyectos Ixachi y Lakach marcan una transición definitiva: Carso ha dejado de ser un simple proveedor o constructor para convertirse en el operador estratégico de proyectos complejos de petróleo y gas. Esta evolución se consolida con el contrato mixto en el campo Macavil, una oportunidad que Carso capitalizó mientras otros actores privados optaron por la cautela. En suma, la relación ha escalado de la infraestructura básica hacia áreas de máximo valor operativo.
Este patrón alimenta una percepción compleja para la administración: la de una concentración de oportunidades en un reducido grupo de actores vinculados a los grandes proyectos oficiales. Si bien existen argumentos técnicos, financieros y de probada capacidad de ejecución que respaldan estas asignaciones, la recurrencia de los mismos protagonistas en frentes tan diversos termina por generar interrogantes sobre la apertura real del sector: ¿Carso gana porque tiene la escala, el músculo financiero y la experiencia que otros no tienen? ¿O porque, en los hechos, se ha convertido en el contratista de confianza del nuevo modelo energético mexicano?
La duda crece cuando se observa la naturaleza de los proyectos. No estamos hablando de contratos menores o periféricos, sino de activos altamente sensibles para la narrativa gubernamental. La refinería insignia del sexenio de López Obrador, campos prioritarios para Petróleos Mexicanos (Pemex), infraestructura crítica de gas natural y desarrollos petroleros considerados estratégicos para elevar producción o reforzar seguridad energética. Carso no aparece en los márgenes del sistema; aparece en el centro.
Eso no prueba por sí mismo favoritismo, pero en un país donde la relación entre poder político y grandes empresarios siempre ha sido motivo de sospecha, la repetición de un mismo grupo en proyectos emblemáticos inevitablemente genera cuestionamientos.
Más aún porque el negocio no está exento de riesgos ni de ventajas particulares. Algunos contratos contemplan pagos diferidos por parte de Pemex; otros se insertan en esquemas donde el Estado absorbe buena parte de la presión política para que los proyectos salgan adelante. En ese contexto, Carso parece haber encontrado una fórmula de expansión anclada a la prioridad gubernamental, estar donde están los recursos públicos, la urgencia política y los activos estratégico.
