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Pemex negó información financiera y operativa de su filial Gas Bienestar, alegando confidencialidad comercial, mientras el gobierno evalúa su futuro y crecen dudas sobre su viabilidad.
En una reciente respuesta a una solicitud de transparencia, Petróleos Mexicanos (Pemex) se negó a revelar información clave sobre una de sus filiales dedicadas a la comercialización de gas LP, creada con un supuesto objetivo social de “democratizar” el precio de este combustible. La empresa rechazó desglosar el monto de inversión pública destinada al programa, su presupuesto anual, el número de trabajadores, ni su estado financiero —incluyendo pérdidas y ganancias—, pese a operar con infraestructura federal y recursos de origen público.
De acuerdo con la respuesta oficial, Pemex argumenta que divulgar estos datos comprometería información patrimonial y comercial sensible, lo que, a su juicio, podría afectar su competitividad en el mercado. Bajo esta premisa, la petrolera sostiene que, al tratarse de una filial sujeta al “derecho privado”, no estaría obligada a transparentar estos rubros en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunque su propiedad y supervisión recaen en el propio Gobierno federal.
Esta postura deja en la opacidad la viabilidad real del proyecto: no se conoce si la filial opera con déficit o con superávit, cuántas rutas o zonas siguen activas, cuál es la magnitud de su operación actual ni el estado de sus inventarios. En paralelo, organismos especializados como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa han advertido desde años recientes que la falta de información financiera desagregada sobre las filiales de Pemex limita la evaluación del uso de recursos públicos y de los riesgos fiscales asociados a la empresa estatal.
El tema cobra mayor relevancia porque la presidenta Claudia Sheinbaum analiza el futuro de este tipo de programas, en particular aquellos creados en el sexenio anterior con un enfoque de “precios de bienestar” o de intervención directa del Estado en mercados como el del gas LP y los combustibles. De acuerdo con reportes públicos, varios de estos esquemas han enfrentado retos operativos, sobrecostos y resultados limitados frente a los objetivos sociales planteados originalmente.
En este contexto, la negativa de Pemex a transparentar la información de la filial abre interrogantes sobre el desempeño financiero, la eficiencia en el uso de recursos públicos y la racionalidad económica de mantener programas que utilizan infraestructura federal, pero operan bajo un esquema jurídico que la propia empresa intenta mantener fuera del escrutinio directo de la normatividad de transparencia.
