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Pomega y Grupo Jebla invertirán 400 mdd en México para una planta de ensamble y futura producción de celdas LFP, con R&D y reciclaje, orientada a energía y manufactura.
Mientras el mundo compite por asegurar baterías y almacenamiento para la transición energética, una alianza turco-mexicana quiere que México deje de ser simple comprador y se convierta en fabricante. La empresa Pomega, brazo de almacenamiento de energía del grupo turco Kontrolmatik y especialista en celdas LFP (litio-ferrofosfato), se unió al Grupo Jebla de México para lanzar un proyecto de 400 millones de dólares que busca construir la primera gran planta de baterías LFP “hecha en México”.
De acuerdo con información de medios especializados en energía y negocios, el plan contempla varias fases. La primera, prevista para 2026, consiste en una planta de ensamble de sistemas de almacenamiento para autoconsumo industrial y aplicaciones comerciales y residenciales avanzadas. Esos sistemas utilizarán inicialmente celdas importadas, pero el valor agregado se quedará en territorio nacional a través de integración, electrónica de potencia y sistemas de gestión de baterías.
El plato fuerte llega entre 2027 y 2029, cuando la alianza prevé instalar la primera planta de celdas LFP fabricadas en México, con una capacidad inicial estimada de 3 GWh al año y un plan de escalamiento hacia 6–10 GWh hacia 2031. Junto a la fábrica se desarrollará un centro de investigación y desarrollo y un programa de reciclaje para gestionar el fin de vida de las baterías, cerrando el círculo de una cadena industrial que va más allá del simple ensamble.
Para la industria mexicana, el anuncio tiene implicaciones profundas. Las celdas LFP son hoy una de las tecnologías preferidas para almacenamiento estacionario y para ciertos segmentos de movilidad eléctrica por su balance entre costo, seguridad y vida útil. Hasta ahora, la mayoría de las celdas consumidas en el país provienen de Asia, con un dominio claro de fabricantes chinos. Una planta en México, alimentada por know-how turco y capital mexicano, abre la puerta a una oferta regional más diversificada y menos expuesta a shocks geopolíticos.
El proyecto no solo habla al sector energético. La manufactura e industria pesada tienen mucho que ganar si el país desarrolla un ecosistema sólido de almacenamiento. Desde parques industriales que quieren estabilizar su demanda eléctrica y reducir picos tarifarios, hasta fabricantes que buscan electrificar montacargas, vehículos internos y líneas de producción, la disponibilidad de soluciones LFP competitivas y fabricadas en México puede traducirse en costos más predecibles y proyectos de eficiencia energética de mayor escala.
Otro punto clave es el R&D. La alianza prevé instalar un centro de investigación en territorio nacional, un componente que suele estar ausente en muchos proyectos de manufactura. No se trata solo de producir celdas, sino de adaptar químicas, formatos y sistemas a las necesidades específicas de la industria mexicana, desde climas extremos hasta perfiles de carga propios de la red y la demanda local. Si el centro funciona como puente entre universidades, ingenieros mexicanos y la experiencia internacional de Pomega, puede convertirse en un núcleo de innovación regional en almacenamiento.
El programa de reciclaje que acompaña al proyecto es otro elemento que lo separa de un esquema de ensamblaje tradicional. La gestión del fin de vida de las baterías es uno de los grandes retos de la transición energética. Aumentar la capacidad de reciclaje, recuperar materiales valiosos y procesarlos en México no solo reduce impacto ambiental, también puede crear una nueva cadena de valor circular alrededor de litio, fósforo, cobre y otros componentes.
En términos de política industrial, el proyecto se alinea con la búsqueda de mayor soberanía tecnológica en sectores estratégicos. México ha atraído gigafábricas de celdas y proyectos vinculados a automotriz eléctrica, pero la mayoría de decisiones tecnológicas se toman fuera del país. Una planta LFP con centro de investigación y reciclaje asociado, impulsada por una alianza binacional que explícitamente quiere construir un “ecosistema” y no solo una planta, ofrece una narrativa distinta: aquí también se diseña, se prueba y se aprende.
Por supuesto, el reto será ejecutar. La construcción de una cadena de suministro de baterías exige asegurar proveedores de materiales, infraestructura energética robusta, talento especializado y un marco regulatorio que dé certidumbre a proyectos de gran escala. Pero si la inversión de 400 millones de dólares se concreta y la planta de celdas entra en operación en los tiempos previstos, México dejará de hablar de baterías solo como mercado y empezará a hacerlo como país fabricante y desarrollador de tecnología LFP.
