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En su informe trimestral, Pemex reconoce ante la SEC los riesgos de corrupción, huachicol fiscal, sobreendeudamiento y concentración política que amenazan su estabilidad.
El documento enviado por Petróleos Mexicanos (Pemex) a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el pasado 12 de noviembre no deja dudas: el gigante energético mexicano está atrapado en una tormenta perfecta de crimen organizado, sobreendeudamiento y concentración política. Y lo reconoce, aunque lo haga en inglés y dirigido a sus acreedores internacionales.
En el corazón de esta declaración, Pemex admite que el robo de combustibles ya no es solo un asunto de tomas clandestinas: el llamado huachicol fiscal —es decir, la importación ilegal de combustibles con evasión de impuestos— es una amenaza creciente que no han podido contener ni con soldados, ni con decretos, ni con promesas de “soberanía energética”.
El documento no menciona por su nombre los escándalos que en México han ocupado titulares y expedientes judiciales, como los “soldados del huachicol” o la colusión de aduanas y marinos. Pero sí advierte de forma directa que “algunos empleados y funcionarios públicos podrían participar o ser percibidos como parte del mercado ilícito”. La omisión de nombres propios no elimina la gravedad de la admisión: Pemex ya no controla su propia red de distribución, y eso representa un riesgo material para su operación y su capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras.
Por si fuera poco, la empresa advierte a los inversionistas sobre la concentración de poder político en México. Lo dice sin rodeos: con la mayoría calificada de Morena en el Congreso, “no podemos predecir la naturaleza ni viabilidad de futuras reformas legales o constitucionales”, pero sí anticipa que cualquier cambio podría afectar negativamente su negocio, sus finanzas y su capacidad de pagar la deuda.
Sí, la paraestatal más importante de México está advirtiendo a los mercados internacionales que la política energética mexicana es una fuente de incertidumbre. Y lo hace en el mismo documento donde reconoce una deuda de más de 100 mil millones de dólares y severas restricciones de liquidez que podrían poner en riesgo su viabilidad operativa sin ayuda del gobierno.
En ese mismo informe, Pemex reconoce que sus flujos operativos no alcanzan para cubrir su gasto de inversión y que depende de líneas de crédito, operaciones de repo y aportaciones extraordinarias del gobierno federal. ¿La solución? Un vehículo financiero de hasta 250 mil millones de pesos para capitalizar proveedores —que, dicho sea de paso, llevan meses sin cobrar— y una estrategia de refinanciamiento que incluye recompras de bonos y apoyo directo de la Secretaría de Hacienda.
Mientras tanto, la empresa presume una producción promedio de 1.65 millones de barriles diarios y avances en campos como Ixachi, pero evita mencionar los rezagos en refinación, la parálisis en Deer Park o el fiasco operativo de Dos Bocas, donde los sobrecostos y retrasos son la norma, no la excepción.
Lo más inquietante no es lo que dice Pemex, sino el tono con el que lo dice: como si todo fuera parte del riesgo natural de hacer negocios en México. Robo de combustibles, participación de funcionarios, concentración política, volatilidad cambiaria, sobreendeudamiento, escasez de liquidez… todo empaquetado como advertencia legal en un documento que, si no fuera trágico, parecería un guion de sátira.
Pemex no necesita otro salvavidas del gobierno. Necesita una cirugía mayor: reglas claras, transparencia real, controles independientes, auditorías internacionales y un rediseño institucional. Pero eso requiere algo que hoy escasea más que el diésel en algunas zonas del país: voluntad política para decir la verdad sin maquillaje.
