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Empresas mexicanas priorizarán la transformación digital en 2026, impulsadas por un entorno legal complejo que exige cumplimiento normativo desde la planeación de sus plataformas digitales.
Paola Morales, socia especialista en Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT) de la firma Santamarina + Steta, destacó que en 2026 la principal prioridad para las empresas en México será abrir nuevos mercados y acelerar la digitalización de sus negocios. Esta transformación tecnológica se vuelve crítica para competir en un entorno de reformas legales cada vez más exigente y cambiante.
Durante la presentación del “Estudio de Tendencias de Servicios Legales 2025”, que recopiló la opinión de más de 150 directores jurídicos, consejeros generales y líderes legales del país, se identificó un consenso: la transformación digital con visión global es el camino más directo para preservar la competitividad empresarial. Este estudio también revela que el cumplimiento normativo digital no es opcional, sino un elemento estratégico fundamental para todas las organizaciones.
Morales subrayó que la digitalización empresarial deberá considerar desde su origen el marco legal vigente. Esto implica que, desde la planeación de una plataforma digital o cualquier canal de comercialización digital, las empresas deberán cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Norma Mexicana de Comercio Electrónico, la Ley del IVA, y los requerimientos de protección de datos personales, además de normativas sobre publicidad y propiedad intelectual.
Según la experta, las empresas medianas y pequeñas también apostarán por la digitalización, pero combinarán este proceso con la tercerización de servicios especializados como una forma de escalar sus negocios sin comprometer recursos internos. Esta tendencia sugiere un nuevo ciclo de adopción tecnológica ágil, centrado en cumplimiento, eficiencia y posicionamiento estratégico.
Adicionalmente, Paola Morales advirtió que la ciberseguridad y la migración digital ya no deben considerarse como gastos, sino como inversiones estratégicas. Estas protegen activos digitales, reputación corporativa y la confianza de clientes y aliados. Además, son clave para evitar ciberataques, sanciones o pérdidas por incumplimiento normativo.
El informe también refleja una creciente sensibilidad entre las áreas legales ante la inminente publicación de reglamentos derivados de las reformas aprobadas en los últimos años, lo que acelerará la necesidad de adaptar procesos, plataformas y productos digitales con un enfoque preventivo.
