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Contrabando en aduanas vía “lubricantes” elude IEPS, erosiona ingresos y competencia en combustibles. Urgen trazabilidad, auditorías y sanciones efectivas para limpiar la cadena y proteger al consumidor.
El “huachicol” dejó de ser solo una manguera clandestina en un ducto. Hoy, una de sus mutaciones más dañinas transita por aduanas, a bordo de barcos y pipas, y se esconde en fracciones arancelarias de productos que no pagan IEPS, como ciertos aceites lubricantes. Investigaciones periodísticas recientes documentan que, entre 2021 y 2022, 21 aduanas en 13 estados quedaron bajo sospecha por un aumento desmesurado de importaciones de “lubricantes”, con un potencial daño al erario de hasta 120,000 millones de pesos. El mecanismo: introducir combustible simulándolo como insumo exento, desplazando a competidores legales y erosionando ingresos públicos.
Más allá de los números, nuevos reportes detallan casos y rutas: Tamaulipas como epicentro, buques que cargan en Houston, entradas por Altamira y Tampico, y una red de funcionarios y empresas que facilitaron operaciones al amparo de clasificaciones arancelarias mal aplicadas. La trama incluye buques específicos (como el Nord Supreme) y decenas de operaciones identificadas entre 2023 y 2024, con ganancias estimadas millonarias y daños acumulados al fisco.
El impacto económico es triple. Primero, competencia desleal: el combustible que evade impuestos puede venderse más barato, obligando a estaciones formales a operar con márgenes inviables o a perder mercado. Segundo, fuga fiscal: cada litro que “entra” como lubricante y “sale” como combustible disminuye recursos para infraestructura, seguridad y programas sociales. Tercero, riesgo reputacional y legal para corporativos que, aun sin saberlo, podrían comprar producto contaminado en la cadena. A esto se suma la complejidad penal: redes con participación de autoridades, lo cual exige controles internos y coordinación interinstitucional para romper la impunidad. Coberturas internacionales subrayan la escala del fenómeno, y su continuidad en 2025.
¿Cómo desarticular un esquema así? Con política pública quirúrgica y ejecución:
- Trazabilidad aduanera en tiempo real: integrar manifiestos electrónicos, sellos digitales y huellas químicas (fingerprinting) que vinculen volúmenes, densidades y rutas con alertas automáticas cuando un “lubricante” se transforme sospechosamente en gasolina o diésel aguas abajo.
- Auditorías cruzadas: empatar datos de ANAM–SAT–ASEA–CRE–Profeco y SAT IEPS, con muestreos aleatorios en terminales y estaciones; bloquear fracciones arancelarias con riesgo alto, aplicando reclasificaciones y garantías financieras.
- Sanción y decomiso efectivo: procesos expeditos para asegurar cargamentos, inhabilitar importadores reincidentes y judicializar estructuras, no solo operadores. Transparencia: publicar mapas de riesgo por aduana.
- Compliance empresarial: due diligence a proveedores, test de densidad, punto de inflamación, RVP en compras spot, auditoría de cadena y cláusulas de rescisión por irregularidades fiscales. La trazabilidad deja de ser costo para convertirse en seguro reputacional.
- Alianzas con puertos de origen: acuerdos con autoridades de Estados Unidos para pre-clearance y verificación de carga, cerrando la puerta “desde el muelle”.
El sector formal —gasolineras, distribuidores, transportistas— tiene más que ganar con reglas parejas. Si limpiar la cadena implica una subida temporal de costos por controles, el beneficio neto será un mercado sano, precios alineados a realidades fiscales y confianza del consumidor. En suma: el huachicol fiscal no es una anécdota; es una amenaza sistémica que requiere inteligencia de datos, auditoría y voluntad política sostenidas.
