Nueve de cada 10 gasolineras presentan algún incumplimiento, de acuerdo con la especialista Yazmin Pizarro; PRONAGAS busca ordenar al sector mediante inspecciones y supervisiones de ASEA.
Las gasolineras, estaciones de gas LP y plantas de distribución enfrentan una nueva etapa de inspecciones con la entrada en operación del Programa de Ordenamiento Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (PRONAGAS).
El programa, coordinado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), busca regularizar instalaciones que presentan problemas ambientales, documentales o administrativos.
De acuerdo con Yazmin Pizarro Rivas, socia fundadora de Camec México, 9 de cada 10 gasolineras incumplen alguna obligación. La especialista aclaró que los casos pueden ir desde documentos vencidos o incompletos hasta diferencias entre lo autorizado por la autoridad y las condiciones actuales de una instalación.
“Hay instalaciones muy viejitas” en las que se realizaron modificaciones con el paso del tiempo que no necesariamente quedaron reflejadas en sus proyectos ejecutivos, señaló Pizarro. En otros casos, agregó, existen autorizaciones de impacto ambiental a las que no se dio seguimiento respecto de sus condicionantes.
¿Qué incumplen las gasolineras?
Entre los principales problemas se encuentran la falta de actualización de permisos, expedientes incompletos, cambios físicos que no fueron reportados y el incumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones ambientales.
También existen instalaciones cuya documentación ya no coincide con las condiciones actuales del predio o de la operación.
“Difiere mucho la información con la que cuentan con la que realmente está dentro de la instalación”, explicó Pizarro.
La especialista señaló que una gasolinera puede contar con una autorización ambiental y, aun así, mantener obligaciones pendientes. Esto ocurre cuando no se cumplen las condicionantes establecidas por la autoridad o cuando se realizan modificaciones sin actualizar el expediente correspondiente.
¿Qué es PRONAGAS?
El programa fue establecido formalmente mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de abril de 2026 y entró en vigor al día siguiente.
Su objetivo es establecer procedimientos para que las instalaciones reguladas puedan atender sus obligaciones en materia de impacto ambiental mediante un esquema ordenado.
ASEA estableció tres escenarios: inspección, supervisión y ordenamiento mediante trámite en materia de evaluación de impacto ambiental.
El programa representa una oportunidad para que las empresas corrijan incumplimientos antes de enfrentar consecuencias más severas, siempre que cumplan con los requisitos y plazos establecidos por la autoridad.
Miles de instalaciones pasarán por el proceso
El calendario de ASEA contempla 4,310 inspecciones entre agosto de 2026 y mayo de 2028, así como 3,650 supervisiones entre agosto de 2026 y enero de 2028.
Además, el ordenamiento mediante trámite en materia de evaluación de impacto ambiental comprende 1,729 instalaciones y se desarrollará entre agosto de 2026 y abril de 2028, de acuerdo con información oficial de la Agencia.
Las empresas inscritas pueden acceder, bajo los supuestos establecidos por el programa, a beneficios como sanciones económicas reducidas y la posibilidad de obtener una resolución en materia de impacto ambiental sin que ello implique automáticamente medidas de seguridad.
No todos los incumplimientos tienen la misma gravedad
Pizarro explicó que la cifra de 9 de cada 10 gasolineras incluye distintos tipos de incumplimientos. Algunos pueden corregirse mediante la actualización de documentos o la presentación de información adicional, mientras que otros requieren modificaciones, trámites ambientales o acciones correctivas en las instalaciones.
Por ello, advirtió que no debe interpretarse que todas las gasolineras incumplidas serán clausuradas.
“Hay que entender qué tipo de incumplimiento tiene cada instalación”, señaló. La prioridad, agregó, debe ser identificar las obligaciones pendientes y atenderlas antes de que la autoridad determine medidas más estrictas.
Documentación desactualizada, uno de los principales retos
Desde la experiencia de Camec México, Pizarro señaló que entre los problemas más comunes están las diferencias entre los documentos de una instalación y sus condiciones actuales.
“Difiere mucho la información con la que cuentan con la que realmente está dentro de la instalación”, explicó.
También advirtió que obtener una autorización ambiental no significa que las obligaciones terminen, pues las resoluciones pueden establecer condicionantes que deben atenderse posteriormente.
Por ello, recomendó que las empresas revisen la documentación de impacto ambiental, representación legal, identificaciones y condiciones físicas y de seguridad de sus instalaciones antes de enfrentar una revisión de la autoridad.
¿Quiénes pueden quedar fuera de los beneficios?
El acuerdo de PRONAGAS establece exclusiones específicas. Entre ellas se encuentran instalaciones en terrenos forestales sin la autorización correspondiente para cambio de uso de suelo; aquellas ubicadas en determinadas áreas naturales protegidas federales o sitios Ramsar; y quienes ya tenían abierto un procedimiento administrativo en materia de impacto ambiental ante ASEA cuando entró en vigor el acuerdo.
Pizarro destacó que la regularización puede representar una oportunidad para corregir incumplimientos, pero insistió en la necesidad de capacitación.
La especialista sostuvo que el cumplimiento ambiental no termina con la apertura de una instalación y llamó a las empresas a mantener actualizada su documentación, atender las condicionantes de sus autorizaciones y revisar periódicamente sus instalaciones.
