El CIADI determinó que una medida de México violó el TLCAN; el gobierno deberá pagar 15.9 millones de dólares más intereses, Vulcan celebra el fallo como una victoria.
El Gobierno de México deberá pagar aproximadamente 15.9 millones de dólares, más intereses, a Legacy Vulcan, filial de la estadounidense Vulcan Materials, luego de que un tribunal internacional determinó que una de las medidas reclamadas por la empresa incumplió obligaciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El laudo corresponde al caso Legacy Vulcan, LLC v. United Mexican States, registrado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en enero de 2019 y relacionado con las operaciones de extracción y exportación de piedra caliza de la compañía en Quintana Roo.
El tribunal concluyó que México no otorgó a las inversiones de la empresa el trato justo y equitativo requerido por el TLCAN en una de las medidas analizadas.
México y Vulcan chocan por interpretación del fallo
La resolución abrió una nueva disputa, ahora sobre quién puede considerarse ganador del arbitraje.
La Secretaría de Economía sostuvo que es incorrecto interpretar el resultado como una derrota general para México. Según la dependencia, de las medidas reclamadas por Legacy Vulcan sólo una fue considerada incompatible con el TLCAN y susceptible de generar una obligación de compensación.
Además, destacó que el monto reconocido por el tribunal representa menos del 1% de la cantidad máxima reclamada por la compañía.
Vulcan Materials presentó una lectura distinta. La empresa aseguró que el laudo confirma que México violó sus obligaciones internacionales mediante el trato otorgado a sus inversiones.
Tom Hill, presidente de Vulcan Materials, declaró a Bloomberg que la decisión confirma, desde la perspectiva de la compañía, que las autoridades mexicanas actuaron de manera arbitraria contra la empresa.
Las posiciones enfrentadas son relevantes: aunque existe una condena económica contra México, el tribunal desestimó otras reclamaciones presentadas por Vulcan.
¿Cómo comenzó el conflicto con Calica?
La controversia tiene sus antecedentes en las operaciones de Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de Vulcan Materials, dedicada a la extracción de piedra caliza en Quintana Roo.
En 2018, autoridades mexicanas adoptaron medidas que afectaron las operaciones en El Corchalito, uno de los predios vinculados con el negocio de Vulcan cerca de Playa del Carmen.
La empresa inició entonces el procedimiento de arbitraje bajo el TLCAN al considerar que las acciones de las autoridades mexicanas afectaron injustificadamente sus inversiones.
El expediente oficial del CIADI identifica como objeto de la controversia la extracción y exportación de piedra caliza y señala a Legacy Vulcan, de nacionalidad estadounidense, como demandante y a los Estados Unidos Mexicanos como parte demandada.
Conflicto escaló durante el gobierno de AMLO
La disputa aumentó durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando autoridades mexicanas suspendieron operaciones de extracción que todavía realizaba Calica.
El gobierno mexicano argumentó que las actividades de la compañía provocaron afectaciones ambientales, mientras Vulcan rechazó esos señalamientos.
En septiembre de 2024, el gobierno federal publicó un decreto mediante el cual creó el Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, medida que incluyó terrenos vinculados con Vulcan y cerró la posibilidad de continuar con la extracción de piedra caliza en esos espacios.
Ese episodio profundizó un conflicto que trascendió la discusión empresarial y ambiental para convertirse también en un asunto de la relación económica entre México y Estados Unidos.
Caso Vulcan seguirá en la mira
El pago de los 15.9 millones de dólares no necesariamente significa el final de todas las diferencias entre ambas partes.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló el 7 de septiembre que Vulcan aún contaba con posibilidades legales frente al resultado del arbitraje, mientras la Secretaría de Economía aseguró posteriormente que México mantiene abierto el diálogo con la empresa.
La controversia adquiere además relevancia en un momento de especial atención sobre las reglas de inversión y comercio entre México y Estados Unidos.
Para el gobierno mexicano, el laudo demuestra que la mayoría de las reclamaciones de Vulcan no prosperaron. Para la compañía estadounidense, en cambio, la resolución confirma que hubo actuaciones contrarias a las obligaciones internacionales asumidas por México.
