Hacienda y Pemex fortalecen su coordinación para detectar riesgos financieros y redes relacionadas con el robo de hidrocarburos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para estrechar el cerco contra el mercado ilícito de combustibles.
El acuerdo propone el intercambio de información y la coordinación entre ambas instituciones en materia de delitos financieros y robo de hidrocarburos. También establece mecanismos ágiles de cooperación para el intercambio oportuno de información y apoyar el cumplimiento de las atribuciones de ambas instituciones.
Dicha colaboración da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex realizan en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, instancia en la que participan capacidades de inteligencia financiera y operativa para identificar posibles redes relacionadas con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos.
¿Cuál es el objetivo de Pemex y Hacienda contra el robo de hidrocarburos?
De acuerdo con la información difundida, uno de los objetivos es identificar las estructuras financieras vinculadas con estas actividades, así como contribuir a detectar las cadenas logísticas, comerciales y económicas que permiten su operación.
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda contribuir a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
A su vez, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia financiera que apoyen la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con las actividades financieras de la empresa y sus filiales.
UIF capacitará a Pemex y Hacienda
El convenio también contempla la posibilidad de desarrollar acciones de capacitación conjunta en materia de análisis operativo y estratégico.
La colaboración se enmarca en la política energética del gobierno federal y contempla el intercambio de información para la detección y, en su caso, denuncia de posibles actos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado.
Las instituciones señalaron que el acuerdo se desarrolla conforme al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
