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La Suprema Corte determinó que Pemex será la responsable de todos los juicios laborales iniciados contra sus extintas subsidiarias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá asumir la responsabilidad procesal de todos los juicios laborales que originalmente fueron promovidos contra sus ahora desaparecidas empresas subsidiarias.
La resolución establece que, a partir del 19 de marzo de 2025, Pemex será la parte demandada en los litigios laborales que involucraban a Pemex Exploración y Producción (PEP), Pemex Transformación Industrial (PTRI) y Pemex Logística (PLog), empresas que dejaron de existir como personas jurídicas independientes tras la reforma energética publicada el 18 de marzo de 2025.
El fallo de la Corte está directamente relacionado con la entrada en vigor de la nueva Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, que modificó el modelo corporativo de la petrolera.
Con esta reforma, Pemex dejó de operar bajo el esquema de Empresa Productiva del Estado y recuperó la figura de Empresa Pública del Estado, eliminando a las subsidiarias que anteriormente contaban con personalidad jurídica propia.
Bajo el modelo anterior, cada subsidiaria era responsable de sus contratos, obligaciones y litigios. Sin embargo, con la desaparición de estas entidades, todas sus responsabilidades legales quedaron integradas en una sola empresa.
Pemex será el sucesor legal de los litigios
La interpretación de la Suprema Corte establece que la desaparición de las subsidiarias implica también la transferencia de las obligaciones procesales.
En consecuencia, todos los juicios laborales promovidos contra PEP, PTRI y PLog continuarán ahora con Pemex como parte demandada.
Desde el punto de vista jurídico, la empresa se convierte en el sucesor universal de las extintas subsidiarias respecto de esos procedimientos judiciales.
Posible impacto financiero
Aunque la resolución no genera nuevas obligaciones laborales, sí concentra en una sola entidad toda la responsabilidad jurídica y patrimonial derivada de estos litigios.
La decisión adquiere especial relevancia debido al contexto financiero de Pemex, que enfrenta una deuda superior a 100 mil millones de dólares, además de importantes adeudos con proveedores y contratistas.
A ello se suma un amplio universo de litigios laborales relacionados con despidos, jubilaciones, pensiones, riesgos de trabajo, prestaciones contractuales, reclasificaciones y otros conflictos acumulados durante décadas de operación.
Especialistas consideran que la concentración de estos procesos podría incrementar la necesidad de constituir reservas contables y provisiones financieras para hacer frente a eventuales sentencias condenatorias.
Si bien la resolución no modifica los derechos de los trabajadores ni crea nuevos pasivos, sí redefine quién responderá legalmente por ellos: a partir de ahora, será directamente Petróleos Mexicanos.
