Te puede interesar
Tragedia en refinería de Pemex revela riesgos operativos y falta de sanciones efectivas por parte de la ASEA.
El saldo del incendio en la refinería de Dos Bocas es devastador: cinco familias de luto tras la muerte de una empleada de Petróleos Mexicanos (Pemex) y cuatro trabajadores externos, en un siniestro que evidencia fallas críticas de seguridad. No obstante, para la empresa del Estado lo prioritario parece ser otro dato, pues sostuvo que no hubo afectación operativa relevante. Y ahí empieza el problema: en México, mientras la operación se mantenga en pie, pareciera que las vidas humanas y los riesgos sistémicos pueden archivarse en el cajón de los “eventos desafortunados”.
La tragedia no solo exhibe una falla industrial: exhibe una falla regulatoria. Porque la pregunta no es si hubo fuego, muertos y posibles residuos de hidrocarburos fuera de control. La pregunta es si la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) hará algo proporcional al tamaño del desastre; y la historia reciente invita al escepticismo.
Investigaciones periodísticas documentaron que, pese a miles de fugas y derrames reportados por Pemex entre 2015 y 2022, la ASEA apenas acumuló 14 sanciones en ese periodo. Otro recuento señaló más de mil 600 incidentes entre 2018 y 2023 —fugas, incendios y explosiones— con escasas consecuencias regulatorias visibles para la petrolera. En cualquier industria seria, cinco muertos activarían investigaciones, suspensiones parciales, revisiones de integridad, responsabilidades administrativas y, si hay incumplimientos, multas ejemplares. Aquí, en cambio, el mercado ya da por hecho el libreto: investigación, comunicado, medidas correctivas y borrón político.
El costo de esta tibieza no es moral solamente; es económico. Cada incendio obliga a gastar en reparación, inspecciones, seguros, reemplazo de equipos y horas-hombre improductivas. Aunque Pemex insista en que “no se afectó la operación”, cualquier emergencia en una instalación de refinación implica maniobras reprogramadas, zonas restringidas y mayor gasto defensivo. Ese dinero compite con mantenimiento, con inversión productiva y con una caja ya golpeada por deuda y proveedores impagos.
Además, la falta de sanción creíble encarece el sistema entero. Contratistas suben precios, aseguradoras endurecen condiciones y acreedores agregan otra capa de riesgo a una empresa que ya carga suficientes. La ausencia de consecuencias no abarata la operación; la vuelve más cara y peligrosa. Normaliza el error, abarata la negligencia y convierte el siguiente accidente en cuestión de tiempo, no de probabilidad.
Dos Bocas no es una refinería cualquiera; es el emblema energético del régimen pasado y una pieza central de la narrativa actual. Por eso el riesgo regulatorio es también político: clausurar áreas, suspender procesos o sancionar con dureza tendría costo mediático. Y precisamente por eso la prueba real para la ASEA empieza hoy. Si cinco muertos en el activo más simbólico del país no bastan para demostrar autoridad, entonces ya no hablamos de un regulador débil, sino de un regulador domesticado.
