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Es urgente desarrollar infraestructura, pero sin reglas fiscales claras, energía suficiente y seguridad, hay el riesgo de gastar más y obtener menores resultados, advirtieron especialistas.
La inversión en infraestructura pública enfrenta uno de sus principales retos en la forma en que se ejecutan los proyectos, más allá del monto de recursos asignados, advirtió Sofía Ramírez, directora general de “México, ¿Cómo vamos?”
Tras la presentación del Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030, la especialista expresó su preocupación por la tendencia a acelerar obras sin una planeación adecuada, una práctica que, lejos de mejorar los resultados, suele elevar los costos y reducir la rentabilidad social de los proyectos.
El plan planteado por el Gobierno Federal, contempla una inversión total histórica de aproximadamente 5.6 billones de pesos, que se destinarán en los próximos cuatro años a proyectos de infraestructura y desarrollo en sectores estratégicos, aunque hasta ahora no se han dado a conocer los detalles.
Ramírez explicó que, en la administración pasada, se cayó en la presión por concluir proyectos en plazos muy cortos, lo que generó distorsiones importantes en los costos de la infraestructura pública, cosa que puede volver a repetirse si no hay suficiente planeación.
“Necesitas diez equipos en tres meses, cuando podrías hacerlo en tres años con más planeación. Eso termina costando mucho más”, señaló, al explicar que la urgencia suele traducirse en sobrecostos, sin que ello implique una mejora proporcional en los beneficios para la población.
De acuerdo con la directora de México, ¿cómo vamos?, invertir más recursos en menos tiempo, sin estudios suficientes ni una estructura clara de costos, no garantiza mejores resultados económicos ni sociales.
“Invertir más, con menos tiempo y poca planeación, no se traduce en mayor rentabilidad”, subrayó.
Esto es importante pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tan sólo en 2025, la inversión pública en infraestructura registró su mayor caída de la que hay registro, al cerrar con una reducción anual de 28.4%.
Necesario atender necesidades urgentes
Ramírez sostuvo que la infraestructura pública debe responder a necesidades urgentes, como carreteras, puertos, rutas logísticas y conectividad, pero insistió en que cada proyecto debe estar respaldado por análisis de costo-beneficio y esquemas de seguimiento.
Además de que es indispensable la inversión privada como complemento de la inversión pública, al advertir que el Estado no puede, ni debe, sustituir al sector privado en su totalidad.
“Hay servicios que no se pueden reemplazar con inversión privada, como agua, drenaje, seguridad pública, educación y salud, pero la inversión pública sin inversión privada no alcanza para detonar crecimiento”, afirmó.
Reglas claras, el principal pendiente
Uno de los mayores obstáculos para atraer capital, explicó Ramírez, es la falta de certidumbre en las reglas fiscales, particularmente por la aplicación retroactiva de criterios del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La economista advirtió que los inversionistas realizan proyecciones de costos, ingresos y tiempos de recuperación, pero cuando las reglas cambian después de realizada la inversión, el riesgo se vuelve incalculable.
“Si no sabes cuánto vas a pagar ni bajo qué reglas, nadie puede calcular cuándo va a recuperar su capital. Eso ahuyenta la inversión”, señaló.
Energía e infraestructura, focos de preocupación
Entre los elementos más destacables de este plan es que, de los 5.6 billones de pesos, el sector de energía concentraría 54% de los recursos, mientras que el resto se destinaría a transporte, logística y otros rubros.
Ramírez también alertó sobre la incertidumbre en el sector energético, donde persisten dudas sobre si la inversión anunciada se traducirá en mayor generación, estabilidad y productividad.
En infraestructura, sostuvo que invertir más, pero con poca planeación y tiempos apresurados, no garantiza mejores resultados ni mayor rentabilidad social, y puede incluso elevar los costos de manera innecesaria.
“La inversión pública necesita planeación, monitoreo y estructuras de costos claras”, enfatizó.
Seguridad y financiamiento, factores clave
Otro elemento que impacta directamente la inversión es la inseguridad. Ramírez recordó que, con base en datos del INEGI, solo 15% de las unidades económicas víctimas de un delito vuelve a invertir al año siguiente.
Sobre la banca de desarrollo, reconoció su papel para respaldar créditos productivos, pero advirtió que sin una correcta evaluación, las garantías públicas pueden convertirse en fondos perdidos, como ha ocurrido en algunos esquemas de vivienda.
De acuerdo con encuestas citadas por Ramírez, solo 3% de los empresarios considera que es un buen momento para invertir, aunque se observa un leve repunte frente a meses anteriores.
Además, por primera vez en casi un año, hay más expectativas de mejora que de deterioro en el clima de inversión hacia los próximos seis meses, aunque el optimismo sigue siendo marginal.
“La inversión sigue reflejando la falta de confianza, ligada al estado de derecho y a cambios frecuentes en las reglas”, concluyó.
