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El gobierno abrió la puerta al fracking para sumar gas, pero desata fisuras en su propia coalición. El desenlace dependerá de regulación ambiental, técnica y contractual verificable.
La decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al fracking reconfiguró —en cuestión de horas— la conversación energética y la política interna del bloque gobernante. Años atrás, la técnica de fractura hidráulica había sido anatema; hoy, el viraje oficial hacia su uso controlado en yacimientos no convencionales busca sumar oferta de gas natural y aliviar la dependencia de importaciones desde Estados Unidos. La tensión intra-coalición es real, diputados y senadores de Morena y PT manifestaron rechazo abierto; el Partido Verde respaldó la política de Pemex, apostando por criterios técnicos y mitigación ambiental. El resultado, es un debate encendido y necesidad de reglas claras.
¿Por qué ahora?
Porque la aritmética energética aprieta a México, ya que importa más del 70% del gas que consume, y más de la mitad de su electricidad depende de ese combustible. Cada invierno texano —con picos de precio y riesgo logístico— expone la fragilidad de esa interdependencia. Habilitar proyectos no convencionales en casa, sostienen los promotores, podría construir capacidad doméstica y reducir vulnerabilidades. Los detractores advierten que el fracking consume agua, emite metano y puede afectar acuíferos; piden una moratoria regulatoria hasta garantizar transparencia, trazabilidad y tecnología de control de emisiones. En el centro, queda la pregunta clave: ¿qué marco normativo?
Para avanzar sin romper, el gobierno deberá articular tres capas. La primera es ambiental-social: líneas base de agua y calidad de aire, consulta social, cláusulas de “no daño neto” y penalizaciones por fuga de metano. La segunda es técnica-operativa: estándares de integridad de pozos, gestión de fluidos de retorno, trazabilidad de químicos y medición certificada de emisiones. La tercera es económica-contractual: modelos de asignación/contrato que atraigan capital con reglas claras de reparto de riesgos, transparencia de costos y métricas de desempeño. Sin esas tres, la discusión se polariza rápido y los proyectos mueren en litigios o en el escrutinio social.
El viraje también reordena el mapa de actores. Empresas de servicios, operadores con experiencia shale y fondos especializados verán oportunidad si la normativa es clara, predecible y compatible con mejores prácticas internacionales. Estados del norte —con vocación industrial— demandarán voz en el diseño territorial y en la gestión del agua. Del lado internacional, la señal hacia Estados Unidos es ambivalente: por un lado, alinea a México con una fuente de gas abundante y barata; por el otro, introduce sensibilidades ambientales en la relación bilateral y en foros comerciales. En cualquier caso, el mensaje es que la seguridad energética pesará más en la balanza 2026.
El costo político inmediato es incomodidad interna. La izquierda ambientalista cuestiona el giro; la línea tecnocrática lo justifica por realismo energético. Entre ambos polos, la gobernabilidad del sector dependerá de convertir el anuncio en regulación verificable, con metas, umbrales y sanciones. Si el fracking se convierte en sinónimo de más gas con menos metano y sin impactos hídricos, el giro podría ser vendible. Si, en cambio, se percibe como concesión sin controles, la fractura política será más profunda que la geológica.
